Financiamiento Universitario: el gobierno de Javier Milei apelará el fallo judicial para no cumplir con la Ley

Tras el revés dictado por la Justicia que ordena la aplicación inmediata de la ley votada por el Congreso, la respuesta de la Casa Rosada no se hizo esperar “Apelación, seguro“, confirmó a Noticias Argentinas un funcionario de primera línea del Ejecutivo al ser consultado sobre el camino a seguir.

La resolución que encendió las alarmas en el Gabinete lleva la firma del juez Martín Cormick, quien dio lugar al amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA). El fallo dejó sin efecto el Decreto 759/2025 y le exigió al Gobierno la puesta en marcha de los mecanismos reglamentarios y las partidas para recomponer los salarios de los docentes y nodocentes, además de garantizar los gastos de funcionamiento diarios de las casas de altos estudios. En sus fundamentos, el magistrado fue tajante al señalar que el decreto gubernamental “no supera un test mínimo de razonabilidad”, dado que pretendía suspender la vigencia de una ley que el Poder Legislativo había vuelto a ratificar con mayorías agravadas.

Desde el ámbito gremial y académico, la respuesta no tardó en llegar. Los sindicatos celebraron la medida judicial pero remarcaron que el pronunciamiento de los tribunales no alcanza si no hay presión en la calle. Pablo Perazzi, secretario general del Sindicato de Docentes de la UBA (FEDUBA), valoró la contundencia del escrito: “Este fallo histórico demuestra lo que venimos sosteniendo desde el primer día: el Poder Ejecutivo vulneró la Constitución Nacional y el orden democrático al pretender legislar por decreto y aplicar un veto encubierto a una ley que fue ratificada por dos tercios de ambas Cámaras del Congreso”, disparó el dirigente. Y completó: “El juez Cormick fue claro: el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para suspender la voluntad soberana del Poder Legislativo bajo el pretexto del ‘equilibrio fiscal’. Es una victoria contundente para las universidades nacionales, para nuestros salarios y para todo el sistema público universitario”.

A pesar de la contundencia de las fojas judiciales, los gremios son conscientes de que la ejecución real de los fondos requerirá una muestra de fuerza colectiva. En esa línea, Federico Montero, referente nacional de la CONADU, ratificó la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria pactada para el 15 de octubre. “El fallo judicial es una herramienta fundamental que desarma el relato del Gobierno, pero sabemos perfectamente que la solución definitiva a este conflicto es política y se construye con la movilización popular”, lanzó Montero. En su análisis, las batallas de papel en la Justicia deben combinarse con la presencia en el espacio público: “El Gobierno nacional ya ha demostrado su voluntad sistemática de incumplir las leyes y recortar el presupuesto. Por eso, este 15 de octubre nos vamos a movilizar masivamente con todos los sectores por la defensa irrenunciable de la universidad pública y la soberanía nacional”, sentenció.