Huelguistas: tiene que haber huesos en alguna parte

El 28 de agosto de 2019 murió Aurora López en el hospital de Pico Truncado. Tenía 98 años y era la hija de Alejo López, un peón rural fusilado durante las huelgas de 1921, durante el terrorismo de Estado que se perpetró en Santa Cruz contra más de 1.500 obreros.

Aurora fue la primera persona que avanzó en la búsqueda de justicia y su testimonio fue fundamental para que actualmente se instruya una causa que va a derivar en un juicio por la verdad, que en el país tiene sólo dos antecedentes: los crímenes de la dictadura cívico militar instaurada en 1976 y antes que eso, Napalí, genocidio a las comunidades originarias del norte

Este año Mercedes Carrizo, hija de Aurora, contó que su madre estuvo concentrada en que le dieran los huesos de Alejo. “Ella quería llevarle una flor, un lugar donde poder llorarlo y hacer un duelo, porque era muy creyente“.

Mercedes tiene 84 años y es una de las querellantes en la causa que inició el gobierno de Santa Cruz porque, antes de morir, Aurora le pidió que siguiera la búsqueda y para eso le preparó una caja con toda la documentación, entre ellas, una recopilada por Osvaldo Bayer en el capítulo “Jaramillo” de “Los Vengadores de la Patagonia Trágica“.

Pero también escritos de la Marina, donde un oficial que va tomando nota de los cadáveres de la estación Tehuelche dice: “… Se encuentran aquí, José Font, argentino, Alejo López y Servando Romero…”.

Se cree que el cuerpo de López estaría en el Cañadón de los Muertos de la estancia El Moscoso, que administra Alejandro Cimadevilla, pero este nunca permitió el ingreso para la búsqueda de restos.

Así lo confirman no sólo la demanda iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía de Estado de Santa Cruz, sino también las conclusiones del convenio que en 2014 firmaron el Archivo Nacional de la Memoria y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral para la localización de tumbas. “Lamentablemente no pudo accederse al predio señalado como el de mayor importancia al contener la tumba con mayor número de individuos, además de ser donde presumiblemente estaría enterrado ‘Facón‘ Grande… debido a que su administrador no permitió a los investigadores trabajar en el lugar…”, se lee.

Tal como informó La Opinión Austral en el mes de septiembre, el juicio por la verdad está bajo la órbita del fiscal federal de Caleta Olivia, Lucas Colla, que durante estos meses recopiló una docena de testimonios de familiares de las victimas de toda la provincia y también de algunos historiadores.

Para el fiscal, buscar los restos es una instancia que no puede pasarse por alto. El Estado no puede decir que no hay rastros porque otros lo dicen, debe probarlo.

Por eso en las últimas horas se conoció un avance que podría ser clave con la firma de un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

“Vino así, todo… como un pollo rostizado, todo quemado”, contó Teresa de Jesús Jiménez Hernández, que en 2007 perdió a su marido en el desierto cuando intentó cruzar de México a los Estados Unidos. La mujer recibió un cuerpo mutilado y no fue hasta la intervención del EAAF que tuvo certezas de que se trataba de Jaime, el hombre con el que había tenido tres hijos. Fue gracias a una corona de oro fundido en el diente.

Es que además de Argentina, donde trabaja en la localización de las victimas de la dictadura cívico militar (ya llevan identificadás mas de 800 personas que estaban enterradas como NN), o en los caídos en Malvinas, el equipo tiene sede en México y los EEUU.

Hacer un duelo, tener dónde llevar una flor, forma parte de un ritual intrínseco de lo humano.

“Es un cierre importante, después de 47 años”, contó desde Tierra del fuego Marcos Mazzucco, cuya madre fue secuestrada en noviembre de 1976 en La Plata, donde permaneció en uno de los campos de concentración creados por la junta militar. Los restos de María Angélica Mellace fueron identificados en mayo de este año por integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

A propósito del convenio que firmaron, Nadia Astrada, secretaria de DDHH, y Belén García, ministra de Desarrollo Social de la provincia, sostuvieron que la colaboración del organismo independiente y sin fines de lucro sería “un avance significativo dentro de la causa de los delitos perpetrados durante los hechos conocidos como las Huelgas Patagónicas, para luego constituirse como parte querellante” .