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La búsqueda de respuestas por el hundimiento del submarino ARA San Juan ingresó este miércoles en una etapa decisiva. En la sala del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, donde desde hace meses se desarrolla el juicio que intenta determinar responsabilidades por la muerte de los 44 tripulantes, dos de los principales acusados decidieron ampliar sus declaraciones y responder a los cuestionamientos surgidos durante las semanas de debate.
La audiencia número 28 del proceso judicial -contabilizando también la inspección ocular realizada en el submarino gemelo ARA Santa Cruz– estuvo marcada por las exposiciones del contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y del ex capitán de navío Claudio Villamide. Ambos buscaron justificar las decisiones adoptadas antes de la desaparición de la nave y rechazar las acusaciones que pesan sobre ellos.
En el recinto estuvieron presentes los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Giménez y Enrique Baronetto, mientras que la fiscalía estuvo representada por Julio Zárate, Lucas Colla, Gastón Pruzan y María Garmendía. También participaron los querellantes Valeria Carreras, Lorena Arias y Luis Tagliapietra, quienes siguen de cerca cada instancia de un juicio que para muchas familias representa la última oportunidad de conocer qué ocurrió realmente durante los días previos al hundimiento.
Desde el inicio de la jornada quedó claro que sería un día diferente. Ya no se escucharían testimonios de expertos, submarinistas o peritos. Esta vez serían los propios imputados quienes tendrían la palabra.
El primero en sentarse frente al Tribunal fue Luis Enrique López Mazzeo. Con un tono pausado y técnico, comenzó explicando conceptos vinculados a la estructura de mando dentro de la Armada Argentina. Uno de los puntos centrales de su exposición fue el llamado “principio de confianza”, una noción que atravesó buena parte de su defensa. “Si dicen que está todo bien, tengo que creer que eso es así”, sostuvo al referirse a la información que recibía de los comandantes responsables de las unidades navales.
A lo largo de su declaración repasó aspectos vinculados al mantenimiento del submarino y recordó que en febrero de 2017 se habían realizado trabajos de carenado sobre el casco de la nave. También explicó que el ingreso del ARA San Juan a dique seco estaba previsto para el año 2018, debido a que llevaba tres años sin pasar por ese procedimiento.
En otro tramo de su declaración relató reuniones mantenidas con el comandante Pedro Martín Fernández, quien había solicitado acelerar distintos proyectos vinculados al mantenimiento de la embarcación. Según López Mazzeo, existía un seguimiento permanente sobre los requerimientos técnicos de la unidad.
El acusado también se apoyó en documentación y comunicaciones internas para sostener que la Armada actuó conforme a los protocolos establecidos cuando se perdió contacto con el submarino. Incluso pidió la exhibición de mensajes operativos relacionados con la búsqueda para refutar versiones aportadas por algunos testigos durante el juicio.
Según manifestó, los partes escritos y las órdenes emitidas tras la activación del operativo de búsqueda demuestran que se movilizaron recursos y que existía un seguimiento constante de la situación. “De acuerdo al SITREP, el submarino ARA San Juan estaba en condiciones para cumplir con la misión asignada”, afirmó ante los magistrados.
Tras su exposición llegó el turno de Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos y uno de los principales apuntados por las querellas. Su declaración giró principalmente alrededor del episodio ocurrido en julio de 2017, cuando el submarino sufrió un ingreso de agua durante una navegación que terminó generando intensos debates durante el juicio.
Villamide recordó que había regresado de Chile cuando el San Juan volvió a puerto y que participó de la recepción habitual de la nave. “Recuerdo que regresó después del mediodía. Yo había regresado de Chile. Como es costumbre de base, fuimos a recibirlo después de la navegación. La navegación había sido exitosa”, relató.
Según explicó, durante esas conversaciones tomó conocimiento de una pérdida hidráulica y posteriormente recibió el informe de patrulla. “Lo recibí a mediados de agosto, lo revisé y fue al jefe del Estado Mayor”, señaló. Sin embargo, reconoció que hubo un punto que le llamó especialmente la atención. “Me llamó la atención lo que es la entrada de agua al sexto día de navegación”, admitió.
Esa preocupación lo llevó a convocar personalmente al comandante Pedro Martín Fernández para pedir explicaciones. “Convoqué a Fernández a mi oficina y le pregunté qué había pasado. Esto es un ingreso de agua, es un tema de agua, le dije”, recordó. La respuesta del comandante, según contó, fue contundente: “Me dijo que el tema estaba solucionado”.
Fue entonces cuando Villamide apeló nuevamente al concepto de confianza profesional para justificar su accionar. “Si un comandante de buque, un capitán de fragata a quien conocía desde el 88, era un oficial inteligente, trabajador, riguroso, con muchos años de servicio, me dice que el tema está solucionado, yo le tenía que creer porque hay un tema de confianza”.
Ante las preguntas surgidas sobre si aquella situación no ameritaba una intervención más profunda, el acusado insistió en que los hechos posteriores demostraban que el problema parecía haber sido superado. “Debemos ver que luego de ese punto el buque siguió haciendo snorkel, en agosto volvió a salir y en esa navegación hubo mal tiempo. Sabemos que fue hasta Ushuaia y nunca más se registró un ingreso de agua”.
La defensa de Villamide se apoyó además en la autonomía operativa que tienen los comandantes de submarinos cuando se encuentran navegando. “Las decisiones sobre seguridad náutica las debe tomar el comandante. El comandante es el que sabe cómo está su nave. El que decide es el comandante en el mar. Es el responsable absoluto de su nave. Yo no lo podía condicionar”.
Y agregó una frase que sintetizó buena parte de su postura frente al Tribunal: “Yo no puedo cuestionar desde la superficie lo que sucedía bajo el mar”.
La fiscalía intentó profundizar sobre los controles realizados respecto del estado de la embarcación antes de su última misión. Consultado sobre si cumplió con las inspecciones correspondientes, Villamide defendió el trabajo realizado dentro de la Base Naval Mar del Plata.
“Yo vivía en la Base Naval Mar del Plata de lunes a viernes. Uno recorre el submarino, uno charla y te quedás inspeccionando. Respecto de la seguridad, siempre son verificados”. Hacia el final de su declaración, el ex jefe de la Fuerza de Submarinos dejó de lado las cuestiones técnicas y habló desde un plano más personal. Con visible emoción y los ojos llenos de lágrimas, defendió el profesionalismo de la Armada y de quienes integraban la fuerza.
“No somos descriteriados, no somos temerarios, somos profesionales. Todos sabemos lo que hacemos, somos orgullosos de nuestro trabajo. Hemos sido siempre una fuerza de elite. No nos tomamos el tema de la seguridad a la ligera”. El silencio que siguió a esas palabras reflejó el peso emocional de una causa que atraviesa a todos los protagonistas. De un lado, las familias que esperan justicia desde hace casi nueve años. Del otro, los ex oficiales que intentan demostrar que actuaron conforme a sus responsabilidades.
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