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Se realizó el Primer Encuentro Nacional de la Abogacía, una jornada que reunió a referentes institucionales, magistrados y colegios profesionales de todo el país para debatir el presente y los desafíos del ejercicio profesional. El evento tuvo lugar en la sede del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
La apertura estuvo a cargo del presidente de la Corte Suprema, Dr. Horacio Rosatti, quien planteó dos ejes centrales para una agenda común entre la judicatura y la abogacía organizada: el impacto de la virtualidad en el ejercicio profesional y la necesidad de avanzar hacia un lenguaje jurídico más claro.
“A cinco años de la pandemia estamos en condiciones de hacer un balance. Hay prácticas que llegaron para quedarse y otras que deben revisarse”, sostuvo, al tiempo que destacó que la virtualidad permitió mayor eficiencia, aunque remarcó la vigencia del principio de inmediación en determinados actos procesales.
Rosatti también puso el foco en la comunicación judicial: “Se puede ser profundo y claro a la vez”. En ese sentido, subrayó que abogados y jueces no solo resuelven conflictos, sino que “marcan lo que es legal de lo que es ilegal”, por lo que el lenguaje accesible resulta clave para fortalecer la legitimidad del sistema. “Somos intermediarios para lograr resoluciones justas”, sintetizó.
En el plano del rol social de la profesión, el Prosecretario General del CPACF y profesor universitario, Alberto Biglieri, advirtió sobre la tensión entre la percepción pública de la Justicia y la función de los abogados. Señaló que los cuestionamientos suelen estar asociados a la reincidencia delictiva y a la lentitud en causas de corrupción, pero remarcó que, en contextos críticos, la sociedad recurre sistemáticamente a la abogacía.
“Lo hizo durante la dictadura con los habeas corpus, en el corralito para recuperar ahorros y en la pandemia para garantizar libertades. Es una profesión ligada de manera indisoluble a la seguridad y a las garantías de la paz social”, afirmó.
Por su parte, Marcelo Iñiguez, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, expuso sobre la implementación del nuevo Código Procesal Civil adversarial en su provincia, al que definió como una expresión del modelo de commonlaw adaptado al sistema argentino.
El esquema, explicó, se estructura sobre “la igualdad de las partes y la imparcialidad del juzgador”, trasladando a los litigantes la carga de la prueba y el impulso del proceso. “Es un código que hace trabajar a los abogados y apuntala la imparcialidad del juez”, destacó.
La reforma, aprobada por unanimidad en la Legislatura provincial, constituye además un hito a nivel regional, al tratarse del primer Código Procesal Civil adversarial de estas características en América Latina, lo que posiciona a Neuquén como un caso testigo en la transformación de los sistemas de justicia.
A lo largo de los distintos paneles, el encuentro abordó además la colegiación, la defensa de la abogacía y la actualización profesional, en un contexto atravesado por cambios tecnológicos, reformas procesales y demandas crecientes de transparencia.
El debate dejó en evidencia un punto de convergencia: la necesidad de fortalecer el vínculo entre abogacía y Poder Judicial para mejorar la calidad del servicio de justicia, en un escenario donde la legitimidad institucional se juega tanto en las decisiones como en la forma de comunicarlas.
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