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La Justicia federal ejecutó este lunes 19 allanamientos simultáneos en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas, una empresa señalada por mantener vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en la sede del Club Atlético Banfield, una de las instituciones apuntadas en la investigación.

Los operativos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella, quien instruye la causa que busca determinar si existió una maniobra ilícita en torno a la transferencia del futbolista Agustín Urzi al club Juárez de México, operación que dejó bajo la lupa la relación financiera entre la entidad del Sur y la firma investigada.

El procedimiento central se realizó en Seguí al 700, en Adrogué, donde funciona la sede principal de Sur Finanzas. También se allanaron otros domicilios vinculados al titular de la empresa, Maximiliano Ariel Vallejo, señalado por su cercanía con Tapia.

La investigación se inició luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunciara a la firma por presuntos delitos de lavado de dinero y evasión tributaria, con maniobras que podrían superar los $3.327 millones.

Según ARCA, a través de la plataforma “Sur Finanzas PSP” se movieron $818.000 millones, cifras que encendieron alertas sobre el origen y destino de los fondos. La maniobra investigada habría utilizado a decenas de personas de bajos recursos -monotributistas de escalas mínimas o sin capacidad económica comprobable- para recibir depósitos millonarios en sus cuentas, fondos que luego serían derivados a billeteras de criptomonedas.

La ruta del dinero y el vínculo con el fútbol

Sur Finanzas ganó notoriedad por transformarse en “la billetera del fútbol”, con contratos de patrocinio en la Liga Profesional, la Selección Argentina y clubes como Barracas Central y Racing.

En este marco, la Justicia también analiza movimientos financieros millonarios entre la empresa y diversos clubes, entre ellos San Lorenzo, que habría recibido préstamos por más de $1.900 millones, y Banfield, también incluido en el expediente.

Los investigadores buscan determinar si estos montos forman parte de un circuito de reciclaje de fondos o si se trató de operaciones regulares. Mientras tanto, la causa avanza con nuevos operativos y análisis de documentación secuestrada.

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