La muerte de Maricarmen reavivó el debate sobre los adultos mayores que alquilan en Argentina

Maricarmen Abascal murió el 7 de octubre, días después de ser retirada de su departamento en Madrid. El desalojo se había concretado el 23 de septiembre, pese a la resistencia de vecinos y organizaciones sociales. La mujer fue trasladada en camilla y luego hospitalizada. Aunque se había alcanzado un acuerdo para que recuperara la vivienda mediante un nuevo contrato, falleció antes de poder regresar.

Abascal había vivido allí cerca de siete décadas. Según la información difundida sobre el caso, tenía una discapacidad reconocida del 50% y percibía una pensión de unos 1.450 euros mensuales. La suma que le reclamaban por el alquiler, de 1.650 euros, superaba sus ingresos. La disputa por la continuidad del contrato terminó con una orden judicial de desalojo.

El caso generó conmoción en España y reclamos de organizaciones sociales, que cuestionaron que una persona mayor y vulnerable quedara sin una alternativa habitacional antes de la ejecución de la medida. También volvió a abrir la discusión sobre el peso de las grandes empresas inmobiliarias y los fondos de inversión en el mercado de alquileres. Desde el sector propietario, en cambio, se sostiene que la seguridad jurídica es necesaria para que haya viviendas disponibles.

Alquileres y jubilaciones en Argentina

La situación de Maricarmen no puede trasladarse automáticamente al sistema argentino, pero expone una dificultad que también enfrentan los adultos mayores que alquilan: con ingresos fijos deben cubrir vivienda, alimentos, medicamentos y servicios.

En la Ciudad de Buenos Aires, el alquiler promedio de un departamento de dos ambientes llegó a $898.154 mensuales en septiembre de 2026, según relevamientos del mercado inmobiliario citados en la información de origen. El aumento acumulado durante el año fue del 20,8%, mientras que la variación interanual alcanzó el 28,7%. Aunque esos valores corresponden a la capital del país y no representan todos los mercados, permiten dimensionar el esfuerzo que puede implicar pagar un alquiler con una jubilación.

La dificultad tampoco se limita a Buenos Aires. En ciudades como Córdoba, Mendoza, Rosario y San Juan, quienes alquilan deben afrontar además expensas y servicios. Para las personas mayores, una mudanza forzada puede significar también alejarse de familiares, centros de salud y redes de apoyo construidas durante años.

El cambio en las reglas de alquiler

En Argentina, el DNU 70/2023 derogó la Ley de Alquileres y modificó las condiciones de contratación. La normativa anterior establecía, para los contratos de vivienda alcanzados por ese régimen, una duración mínima de tres años y pautas específicas para actualizar los valores.

Tras la derogación, propietarios e inquilinos tienen mayor margen para acordar la duración del contrato, la moneda de pago y la frecuencia de los ajustes, dentro del marco legal vigente. El cambio buscó flexibilizar el mercado y estimular la oferta, pero dejó aspectos centrales sujetos a la negociación entre las partes.

Para los jubilados con ingresos previsionales fijos, esa flexibilidad puede convertirse en una dificultad al renovar un contrato o enfrentar aumentos que superen su capacidad de pago. De todos modos, la derogación de la ley no habilita a un propietario a desalojar por cuenta propia. Ante una controversia, debe recurrir a los procedimientos legales correspondientes.

La edad avanzada o una discapacidad no impiden por sí solas que se tramite un desalojo en Argentina. Sin embargo, las condiciones de vulnerabilidad pueden requerir la intervención de organismos judiciales o sociales, de acuerdo con cada caso. El problema se vuelve más complejo cuando la persona no puede continuar en la vivienda y tampoco cuenta con recursos para acceder a otra.

La historia de Maricarmen no derivó, hasta ahora, en un cambio específico de la legislación argentina. Pero puso en primer plano una pregunta que excede los contratos y los precios: qué alternativas tienen los adultos mayores que no poseen una vivienda y dejan de poder pagar la que alquilan.