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El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que se desarrolla en la ciudad de Río Gallegos, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial que refleja la tensión institucional en torno al proceso. Tras las primeras cuatro audiencias del debate oral, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para cuestionar una resolución del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz que limita la participación de los fiscales en el juicio.
La presentación fue realizada por los fiscales federales Julio Zárate, Lucas Colla y Gastón Franco Pruzan junto a la fiscal María Andrea Garmendia Orueta, quienes integran el equipo designado para intervenir en el proceso que investiga las responsabilidades de cuatro ex oficiales superiores de la Armada Argentina por el hundimiento y posterior implosión del submarino ocurrido en noviembre de 2017.
El planteo judicial surge luego de que el tribunal rechazara un recurso previo presentado por el Ministerio Público Fiscal. Según pudo saber La Opinión Austral, esta nueva presentación ante Casación no suspende el desarrollo del juicio, que continuará con el cronograma previsto de audiencias mientras la instancia superior analiza el reclamo.
El conflicto tiene su origen en una decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que estableció que durante el debate oral sólo podrán intervenir dos de los cuatro fiscales que habían sido designados por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.
RECURSO DE QUEJA POR CASACIÓN DENEGADA ARA SJ – Firmado_copia
Concretamente, los jueces resolvieron que en las audiencias participen únicamente el fiscal federal Gastón Franco Pruzan, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y el fiscal Lucas Colla, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia.
La medida dejó fuera de la participación activa en el debate al fiscal federal Julio Zárate, titular de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y a la fiscal María Andrea Garmendia Orueta, integrante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Además, el tribunal estableció otra restricción que generó el rechazo del Ministerio Público Fiscal: dispuso que los fiscales que no participen en una audiencia no podrán alegar en la etapa final del juicio.
Frente a esa decisión, los fiscales sostuvieron que se trata de una limitación indebida que vulnera la autonomía constitucional del organismo. En el recurso presentado ante Casación, señalaron que la resolución implica “un avasallamiento hacia un órgano constitucional que posee autonomía funcional” y remarcaron que la medida viola el artículo 120 de la Constitución Nacional.
Ese artículo establece que el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente, con autonomía funcional, encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
El recurso presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal cuestiona la resolución dictada el 27 de febrero de 2026 por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que había declarado inadmisible un recurso de casación interpuesto previamente por el Ministerio Público Fiscal.
Ese recurso original buscaba revertir una decisión adoptada por el tribunal el 23 de diciembre de 2025, cuando se resolvió limitar la participación del equipo fiscal en el debate oral.
En el nuevo planteo, los fiscales argumentaron que cuentan con legitimación para recurrir la medida en función de lo dispuesto por los artículos 433 y 476 del Código Procesal Penal de la Nación, por el artículo 120 de la Constitución Nacional y por las leyes orgánicas que regulan el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.
Cabe recordar que esta no es la única causa en torno al caso del submarino ARA San Juan, sino que también, en el fuero federal de Caleta Olivia se impulsa una más por el presunto espionaje realizado durante los primeros meses tras el hundimiento de la nave
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