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La Fundación Ellen MacArthur -organización internacional de referencia en economía circular con sede en el Reino Unido- publicó el documento de política: “La Ley de Economía Circular de la UE: palancas políticas clave para la estrategia industrial de Europa”. El informe no es una declaración de principios sino una hoja de ruta dirigida a legisladores europeos y nacionales, con propuestas concretas para transformar el marco regulatorio, fiscal e industrial del bloque en un momento que el propio documento califica de “crítico en términos de tiempo”.
El trasfondo que plantea: la Unión Europea (UE) atraviesa simultáneamente disrupciones tecnológicas, shocks ambientales, volatilidad en los precios de los recursos y tensiones geopolíticas que, según el informe, están “remodelando las economías europeas con frecuencia mucho más rápido que los marcos de política existentes”. En ese contexto, la propuesta legislativa conocida como Ley de Economía Circular se convierte, para la Fundación, en “un imperativo tanto para los responsables de política nacionales como de la región”.
Un diagnóstico sin ambigüedades
El punto de partida del informe es una constatación incómoda: según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la UE “actualmente no está en camino de cumplir su objetivo de duplicar la tasa de uso circular de materiales al 24% para 2030“. El documento explica que ese lento avance tiene una causa estructural: el mercado sigue “fuertemente sesgado hacia un modelo lineal, donde los bienes reacondicionados y las materias primas secundarias cuestan más -o son percibidos como de menor calidad- en comparación con los productos manufacturados nuevos y las materias primas vírgenes”.
La transición hacia la economía circular, sostiene el documento, aporta beneficios concretos de reducción de riesgos: “desacopla la prosperidad de los recursos no renovables, salvaguarda el capital natural, fortalece la resiliencia empresarial y mitiga los costos ambientales, estabilizando así la economía real y el sistema financiero”.
Para un segmento creciente del sector privado, sin embargo, el cambio ya comenzó. El informe señala que “para un número creciente de empresas, las estrategias de economía circular se están convirtiendo en una fuente de ventaja competitiva, fortaleciendo las cadenas de suministro y reduciendo la exposición a los riesgos de materiales, mientras abren nuevas oportunidades de ingresos”.
Tres palancas para reformar el mercado
El núcleo propositivo del documento se organiza en torno a tres ejes de política pública. El primero apunta a habilitar un mercado único europeo para soluciones circulares. El problema identificado es claro: “la implementación fragmentada y divergente de requisitos relacionados con productos, obligaciones de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y normas de gestión de residuos obstaculizan el escalado de los mercados de materias primas secundarias y los modelos de negocio circular en Europa”. La Ley, propone el informe, debería armonizar definiciones, reglas de traslado de residuos, criterios de fin de residuo y sistemas de REP, además de crear una ventanilla única digital para el registro y la presentación de informes.
El segundo eje aborda los incentivos fiscales y de demanda. El informe señala que “los incentivos fiscales y económicos a menudo no están alineados con cómo han evolucionado nuestras economías”: los sistemas tributarios actuales gravan el trabajo y el empleo mientras que el agotamiento de recursos, la contaminación y la generación de residuos “elevan los costos de los presupuestos públicos”. El documento propone que la Ley impulse la coordinación entre los países para aplicar tipos reducidos de IVA a esos servicios y simplificar el tratamiento fiscal de los bienes usados o reacondicionados que circulan dentro del mercado único. En paralelo, plantea incorporar criterios circulares obligatorios en la contratación pública.
El tercer eje propone fortalecer las cadenas de valor circular mediante la colaboración industrial. El informe plantea que la implementación efectiva “requiere acción coordinada a lo largo de cadenas de valor enteras”, desde el aprovisionamiento de materiales hasta los mercados de materias primas secundarias y las estructuras de financiamiento. Para ello, sugiere impulsar alianzas industriales sectoriales así como centros de circularidad transregionales que agrupen infraestructura de clasificación, reparación, remanufactura y reciclaje a través de las fronteras.
En materia de financiamiento privado, el documento identifica un problema estructural: “los mercados de capital privado frecuentemente racionan el financiamiento para inversiones en economía circular debido a los altos riesgos percibidos, largos períodos de tenencia y gastos de capital iniciales con flujos de caja distribuidos”. La propuesta es utilizar instrumentos de financiamiento mixto -como garantías de préstamo, facilidades de primera pérdida o mecanismos del BEI y el InvestEU- para movilizar capital privado hacia infraestructuras y tecnologías circulares.
Proyección global: la circularidad como política exterior
El cuarto pilar del informe trasciende las fronteras europeas. La Fundación advierte que “la alineación internacional de políticas sobre la transición hacia la economía circular es esencial para alcanzar escala, porque la industria europea depende de flujos transfronterizos de materiales, productos y datos que no pueden ser gobernados plenamente por la legislación de la UE”. Si los productores de terceros países no están sujetos a obligaciones comparables, señala el documento, “pueden aprovecharse de los sistemas de la UE, distorsionar la competencia y debilitar las señales de políticas de quien contamina paga”.
La propuesta concreta es que la UE incorpore capítulos de comercio circular en sus tratados comerciales, con ejes de reconocimiento mutuo de estándares circulares, protocolos sobre flujos de materiales secundarios y acuerdos de compra estratégica para materiales críticos. La visión declarada es que Europa se convierta en “líder mundial en economía circular para 2030“.
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