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El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley denominado de “protección económica frente a la inestabilidad global”, con el objetivo de declarar la Emergencia Pública en Materia Energética, Alimentaria y de Insumos Productivos por el plazo de doce meses.
La iniciativa, impulsada desde el bloque de Unión por la Patria, busca mitigar el impacto del incremento en los precios internacionales —especialmente del petróleo— y evitar su traslado directo a las tarifas de servicios y al costo de vida de trabajadores y pequeñas y medianas empresas.
Según se detalla en los fundamentos, el proyecto se enmarca en el escenario internacional marcado por el conflicto bélico en Medio Oriente, que generó una fuerte volatilidad financiera, disrupciones logísticas y aumentos en los valores de la energía, los alimentos y los fertilizantes.
En ese sentido, la propuesta apunta a “brindar instrumentos al Poder Ejecutivo Nacional” para amortiguar las consecuencias de esta coyuntura geopolítica sobre la economía local, especialmente en sectores clave como el energético, el alimentario y el productivo.
Entre las principales medidas, en el capítulo energético se destaca la implementación de mecanismos de amortiguación tarifaria. Allí se establece que la autoridad de aplicación podrá “diferir, escalonar o modular” la transferencia de los precios mayoristas de gas y electricidad a las tarifas finales, estableciendo topes trimestrales para evitar aumentos bruscos.
Asimismo, se contempla la posibilidad de aplicar compensaciones transitorias con revisión bimestral para garantizar la continuidad del servicio, la cadena de pagos y el abastecimiento.
Otro de los puntos centrales es la suspensión de los procesos de venta de activos estratégicos del Estado en el sector energético. Desde el proyecto sostienen que estos recursos resultan fundamentales para intervenir en el mercado, asegurar el abastecimiento y evitar que el impacto de la crisis internacional recaiga plenamente sobre los consumidores.
“Cuando sube el petróleo, sube el flete, sube el pan y sube la leche”, advierten los fundamentos, al tiempo que remarcan la necesidad de que el Estado intervenga para evitar que esa cadena de aumentos llegue sin filtros al bolsillo de la población.
En materia alimentaria, la iniciativa declara como críticos los bienes y servicios vinculados a la producción, logística y comercialización de productos de la canasta básica. Además, propone la reasignación de partidas presupuestarias para reforzar la asistencia alimentaria, priorizando a niños, niñas y adultos mayores.
El proyecto también incluye un refuerzo del 30% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos esenciales como pan, leche, aceite y carne.
De acuerdo con el texto, la propuesta busca no solo asegurar el abastecimiento energético y alimentario, sino también estabilizar precios, proteger la capacidad productiva del sector agropecuario, fortalecer las reservas internacionales y garantizar la disponibilidad de insumos clave como fertilizantes.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los diputados Emir Félix, Jorge Ávila, Jorge Araujo, Juan Carlos Molina, Ana María Ianni, Pablo Todero, Martín Aveiro, Marcelo Mango, Andrea Freites, Jorge Glinski, Adriana Serquis, Carlos Castagneto y Julia Strada.
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