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El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital, con el objetivo de gravar las operaciones que impliquen la salida efectiva de capitales del país.
De acuerdo con el texto de la iniciativa, se aplicaría una alícuota del 3% a “toda operación que implique la salida efectiva de capitales del país, ya sea en forma de divisas, valores negociables o activos virtuales, realizadas de manera directa o indirecta por los sujetos alcanzados”.
Además, el proyecto contempla una alícuota adicional del 2% cuando la transferencia tenga como destino una jurisdicción considerada de “baja o nula tributación“.
A través de un comunicado, Kirchner sostuvo que “cada dólar, acción o activo digital que se traslada fuera del territorio nacional sin generar inversión, empleo ni valor agregado, representa una pérdida de capacidad soberana“.
En ese sentido, señaló que el objetivo del gravamen sería establecer “un mecanismo compensatorio frente a las salidas de capital que deterioran las reservas internacionales, desfinancian al Estado y agravan la desigualdad estructural”.
Cómo se distribuirían los fondos
El proyecto establece un esquema de distribución de los recursos que se recauden a partir del nuevo impuesto.
El 60% sería destinado a provincias y municipios para obras de infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria, vivienda y vialidad, además de la recomposición salarial en los sectores de salud y educación.
El 40% restante se distribuiría de la siguiente manera:
- 10% para salud y discapacidad.
- 10% para educación.
- 10% para jubilaciones y pensiones.
- 10% para medicamentos y atención médica del PAMI.
Según indicó el diputado, la iniciativa permitiría obtener como mínimo $2,89 billones, una cifra que, de acuerdo con su estimación, “equivale a diez veces lo enviado en 2025 a las provincias por transferencias de capital”.
Kirchner también planteó que entre 2023 y 2025 las transferencias automáticas de la Nación a las provincias y municipios se redujeron un 8,4% en términos reales, mientras que las no automáticas, que incluyen recursos destinados a obra pública, programas, convenios y asistencia territorial, registraron una caída del 72,8%, según los datos citados en el comunicado.
Qué operaciones quedarían excluidas
El proyecto aclara que el impuesto no alcanzaría la tenencia de dólares de los argentinos, ni gravaría el consumo, el ahorro interno o la inversión productiva.
Tampoco quedarían alcanzadas las compras de bienes que ingresen regularmente al país, siempre que se trate de importaciones genuinas, documentadas y trazables.
A su vez, quedarían excluidas las operaciones de compra de dólares, bonos, Cedears o fondos, siempre que los activos permanezcan dentro de la Argentina.
La iniciativa deberá ahora avanzar por el Congreso para comenzar su tratamiento legislativo y definir, entre otros aspectos, el alcance concreto del nuevo gravamen y su mecanismo de aplicación.
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