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Mientras Jorge Lanata sigue internado en la clínica Santa Catalina, la jueza Lucila Córdoba dispuso un bozal legal que limita la libertad de expresión, prohibiendo a los medios mencionar al reconocido periodista y a su actual esposa, la abogada Elba Marcovecchio.
La medida abarca medios gráficos, audiovisuales y digitales. La jueza tomó esta decisión a solicitud de Marcovecchio, quien se encuentra en medio de un escándalo de denuncias cruzadas con las hijas del conductor, Bárbara y Lola. Estas la acusan ante la Justicia “por hurtar elementos de gran valor” y dinero en efectivo, además de afectar la salud del reconocido periodista.
“Se ordena la prohibición de la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, grafico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre al Sr. Jorge Ernesto Lanata su imagen, intimidad, situación familiar e información relativa al trámite de la presente causa”, indica el oficio que libró este viernes el Juzgado Civil N°8 de Buenos Aires, secretaría N° 15.
La magistrada dispuso una medida similar de bozal legal para que tampoco se pueda mencionar a la actual esposa de Lanata, según establece el oficio electrónico que el Juzgado Civil N° 8 envió al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para que notifique esa decisión a los medios audiovisuales.
ADEPA criticó el fallo que prohíbe a los medios hablar de Lanata
En este marco, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó esta decisión del tribunal. Al respecto, consideró que “debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa”.
“El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado”, se añadió en un comunicado sobre la prohibición de difundir información por cualquier medio de prensa y comunicación acerca del periodista y su esposa.
Además, la directiva de ADEPA remarcó que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa. Así, por ejemplo, el caso de la película “La Última Tentación de Cristo” contra Chile.
“El juez, en tanto funcionario estatal, tiene vedado decidir qué es lo que puede ver o escuchar la ciudadanía. Los periodistas son responsables por lo que publican, pero esa responsabilidad solo se puede hacer efectiva con posterioridad a la publicación”, agregó. Por tal motivo, el organismo sostuvo que esta decisión judicial “puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, lo que representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público”.
Las hijas del periodista, Bárbara y Lola, hicieron una presentación ante el Juzgado Nacional en lo Civil de Familia número 8 en la que solicitan “en forma urgente” la designación de una red de apoyo provisoria para su padre, quien se encuentra internado desde hace tres meses debido a sus problemas de salud. El juzgado, por su parte, aceptó el pedido de restringir a los medios informar sobre la situación de salud de Lanata y el conflicto entre sus hijas y Marcovecchio por el patrimonio del comunicador.
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