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El gobernador de Chubut, Ignacio Nacho Torres retiró el proyecto de ley que ampliaba transitoriamente el número de permisos para la categoría específica de buques de la flota amarilla de hasta 21 metros de eslora. Según pudo saber La Opinión Austral, la decisión se tomó tras la fuerte oposición que reunía de parte del empresariado del sector, como así también de los sindicatos de esa actividad.

Aunque en los fundamentos y el articulado se destacaba que la ampliación era transitoria y no prorrogable y sólo operable para la temporada 2025/2026, hasta en la Legislatura Provincial había reparos.  Incluso,  una parte de su propio bloque, más precisamente diputados de la Unión Cívica Radical no estarían de acuerdo con avanzar en este proyecto.

La legislatura de Chubut estaba en condiciones de tratar el proyecto este jueves 13 de noviembre.

Entre los principales argumentos de Torres era aprovechar la abundancia del recurso que se vería en esta temporada. El proyecto de ley era el número 131/2025 por el cual se ampliaba de 40 a 42 los permisos que puede otorgar la provincia a buques fresquero de la flota amarilla. Esto había sido tras el acuerdo firmado entre el Gobierno de Chubut y la empresa Red Chamber Argentina para la instalación de una planta pesquera en la Zona Franca de Trelew.

Entre los principales argumentos era aprovechar la abundancia del recurso que se vería en esta temporada.

Asimismo, como adelantó La Opinión Austral, la finalidad de esta iniciativa radicaba en elevar en dos la cantidad de los permisos mencionados —sólo para la próxima temporada—, cuando la explotación sustentable de los recursos lo permita y mientras perduren esas condiciones. Se afirmó que el recurso del langostino se ha incrementado año a año, no viéndose afectado con la medida propuesta el esfuerzo pesquero provincial. Al tiempo que se justificó la decisión en que “aquello que no se pesca resulta desaprovechado”, para las autoridades, esta medida “no afecta la sustentabilidad y la industria en cuestión“.

La flota amarilla podría haber sumado dos nuevos permisos si se aprobaba la ley enviada por el Gobierno provincial. Ahora, deberán avanzar en consensos.

Sin embargo, la oposición al proyecto fue clave para que “Nacho” Torres deba volver sobre sus pasos. Aunque en el texto no lo decía, se descontaba que el destino de esos permisos sería para la empresa Red Chamber Argentina, lo que puso en el centro de las críticas. Desde la flota fresquera habían advertido que si se avanzaba en este proyecto, estaban dispuestos a no iniciar la prospección del langostino en aguas provinciales, las que está convocada para el próximo miércoles 12 de noviembre.

Se descontaba que el destino de esos permisos sería para la empresa Red Chamber Argentina.

“Dada la extrema gravedad de la situación, que compromete la sustentabilidad y sostenibilidad de los recursos naturales pesqueros, y ante la falta de condiciones necesarias para asegurar el inicio responsable de la temporada de Rawson, el sector pesquero en su conjunto, representado por las cámaras y empresas firmantes, comunica que no iniciará la zafra pertinente 2025/2026. Esta medida extrema se adopta como un llamado de atención urgente para proteger el recurso ante la irresponsabilidad que implica aprobar el Proyecto de Ley sin el debido sustento técnico y ético”, era el tenor de la nota enviada por las cámaras pesqueras al bloque de diputados del oficialismo.

La convicción de que los nuevos permisos eran para Red Chamber Argentina, fue la base de la polémica actual. En la imagen Torres junto al presidente de la empresa estadounidense en 2023.

A eso se le sumaba que los gremios también habían advertido que podrían ir a un paro total si el proyecto era aprobado sin consenso del sector y sin respaldo técnicocientífico que avalara la ampliación de los permisos de pesca. La Legislatura estaba en condiciones de tratar el proyecto el próximo jueves 13, pero ante el retiro por parte del Poder Ejecutivo Provincial se espera una etapa de negociación y consenso con todas las partes.

Las ventajas que el Gobierno defiende

Estas eran algunas de las principales fundamentaciones desde el Poder Ejecutivo del proyecto, en base a los beneficios que esta decisión podría provocar para la Provincia:

  • Mayor aprovechamiento del recurso: “aquello que no se pesca resulta desaprovechado”.
  • Política pública para incentivar inversiones en la provincia (instalación de plantas, generación de empleo).
  • Medida transitoria: Se plantea que sólo se aplicaría “cuando la explotación sustentable del recurso lo permita”.

 

El proyecto de Torres se justificaba en que era una política pública para incentivar inversiones en la provincia (instalación de plantas, generación de empleo).

Los riesgos advertidos por el sector

Estas son las principales razones de aquellos que se oponían a que avance:

  • Expectativas desfavorables. La ampliación, por transitoria que sea, puede provocar la existencia de nuevos permisos en el futuro y desincentivar el cumplimiento estricto de los límites actuales.
  • Riesgo de conflicto social y paralización del sector: el paro de actividades agrava no solo la situación gremial sino la operativa y exportadora del sector pesquero provincial.
  • Falta de transparencia. Si el otorgamiento favorece a un actor específico, ello puede debilitar la gobernabilidad, aumentar la desconfianza y afectar inversiones futuras.
  • Posible impacto negativo en la certificación internacional y consecuente acceso a mercados, si se percibe como un aumento del esfuerzo pesquero sin fundamento técnico.

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