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En aguas nacionales comenzó la zafra del calamar ilex, una de las especies argentinas de mayor demanda en el mercado internacional y que genera trabajo en la industria nacional.

En este escenario, el Estado nacional volvió a abrir el debate sobre la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) y el patrullaje en aguas nacionales ante la precensia de buque internacionales que pesca los recursos el límite de la legalidad.

Asimismo, Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador recibirán ayuda de Japón para controlar lo que sucede en los límites marítimos nacionales de esos países.

Empresas pesqueras

La reciente autorización otorgada por la Prefectura Naval Argentina para que 53 buques pesqueros de bandera china ingresen a la ZEEA, bajo el argumento de la necesidad de un resguardo meteorológico, merece una reflexión crítica y profunda, indicaron los armadores nacionales en un  comunicado.

El emrpesariado precisó que conocen de “primera mano la dinámica de estas flotas que, año tras año, se desplazan miles de millas para posicionarse sobre la continuidad del talud submarino argentino. en el borde de la milla 200, desarrollan operaciones de pesca intensiva sobre el calamar illex argentinus y otras especies de alto valor, turnándose para ingresar y salir, apagando sus sistemas satelitales de navegación y variando latitudes, con una coordinación que evidencia tanto planificación como persistencia.

“Brindarles refugio dentro de la ZEEA no es un gesto inocuo, ni meramente humanitario. Por el contrario, facilita la logística de una flota que ya opera al límite de la legalidad y que encuentra, en las inclemencias climáticas australes, su principal barrera natural. La dureza del mar y del clima ha sido históricamente la defensa más efectiva de nuestras aguas; suavizar esa dificultad mediante abrigo controlado es reducir el costo de la aventura de depredar nuestros recursos“.

“Más preocupante aún, resulta el apoyo que estas flotas reciben desde puertos extranjeros como el de Montevideo, donde encuentran asistencia logística y facilidades para operar que refuerzan su capacidad de permanencia en la región. La combinación de abrigo en puertos vecinos, y ahora el refugio dentro de la propia ZEEA —avalado por la Prefectura Naval Argentina—, configura un escenario que debilita la posición argentina frente a una problemática que afecta directamente la soberanía y la sustentabilidad de nuestros recursos pesqueros”.

“La seguridad de la vida humana en el mar es un principio indiscutible y compartido. Sin embargo, ese principio no puede ser utilizado como argumento para abrir la puerta a prácticas que, bajo la apariencia de necesidad, consolidan la presencia de flotas que históricamente han vulnerado nuestra jurisdicción. La defensa de los mares australes exige rigor, coherencia y firmeza”, completó el empresariado.

Apoyo internacional

Mientras tanto, Japón anunció un programa de cooperación internacional destinado a fortalecer el control de las aguas marítimas de cuatro países de América Latina ante el avance de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La iniciativa contempla una inversión cercana a los 1,9 millones de dólares y está orientada a mejorar las capacidades de monitoreo y fiscalización en zonas marítimas sensibles, señaló “Pescare”.

Los países beneficiarios del apoyo japonés son Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador, que recibirán equipamiento tecnológico y herramientas especializadas para reforzar la vigilancia de sus zonas económicas exclusivas y de las áreas adyacentes. El programa se ejecuta en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el marco de los esquemas de cooperación definidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.

Entre los recursos previstos se incluyen drones de vigilancia marítima, embarcaciones patrulleras inflables y sistemas de análisis de imágenes aéreas. Estas tecnologías permitirán identificar embarcaciones, estimar el tamaño de sus tripulaciones y reconstruir rutas de navegación, incluso en casos en los que los buques intenten evadir los controles mediante el apagado de sus transpondedores GPS.

La asistencia japonesa se inscribe en un contexto regional marcado por la creciente preocupación por la actividad de flotas pesqueras extranjeras, especialmente asiáticas, que operan en áreas próximas a las costas sudamericanas. Diversos informes y reportes internacionales señalan que numerosos buques, en particular de origen chino, desarrollan operaciones con escasa o nula transparencia, dificultando su seguimiento y el control efectivo por parte de las autoridades.

 

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