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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia emitió una resolución que podría considerarse una especie de “derecho de admisión” laboral para con quienes generan algún tipo de impedimento de las actividades portuarias en Santa Cruz.
La resolución fue firmada por el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena (a la fecha, la principal autoridad en esa cartera tras la renuncia del ministro Julio Gutiérrez), y la coordinadora general de la Unidad Ejecutora Portuaria, Selsa Hernández.
El artículo 1° sostiene: “Sancionar con exclusión definitiva del ámbito portuario a aquellas personas que, mediante actos u omisiones, entorpezcan o impidan el normal desarrollo de la actividad portuaria, afectando el derecho al libre comercio y al trabajo…”. Mientras que el artículo 2° reza: “Suspender, provisoriamente, la vigencia del carnet portuario y/o plástica habilitante de los trabajadores involucrados en conflictos colectivos que afecten la operatividad portuaria, a fin de preservar los derechos a la libertad de trabajo y al libre comercio…”.
La medida se da en el contexto del conflicto con un grupo de estibadores en la localidad de Puerto Deseado, que ha llevado a que el gobernador declare: “No me toman un puerto más”. La situación también puso en alerta a las empresas y a la comunidad en general
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