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El trámite judicial iniciado para frenar la consolidación del puente marítimo entre la ciudad chilena de Punta Arenas y Puerto Argentino en las Islas Malvinas registró un apartado procesal en la Justicia Federal de Tierra del Fuego. La presentación impulsada por la Fundación Argentina Azul para impedir la navegación del buque carguero “Danstar” en esta nueva ruta comercial incluyó la decisión del fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, de apartarse del expediente.
Según detalló el titular de la entidad querellante, Carlos Lionel Traboulsi, el representante del Ministerio Público Fiscal formalizó su excusación argumentando que su “condición de judío” podía afectar su actuación por la participación de empresas israelíes en la explotación de recursos naturales argentinos. Asimismo, el funcionario judicial dejó asentado en su planteo que no quería ser objeto de “memes, discusiones ni discriminaciones” en la esfera pública.
En cuanto a la resolución de la causa, la jueza federal Mariel Borruto desestimó la medida cautelar que buscaba detener el paso de la embarcación. La magistrada fundamentó su decisión en la ausencia de expedientes administrativos previos emitidos por el Gobierno nacional en los que conste la denegación formal del permiso de circulación. Desde la fundación demandante cuestionaron la resolución al sostener que el juzgado contaba con las facultades procesales para solicitar de oficio dicha documentación a los organismos correspondientes.
El apartamiento del fiscal derivó en la mención por parte de los querellantes de antecedentes referidos a su desempeño en la provincia. Entre los señalamientos citaron una presentación por presunto acoso laboral impulsada por el gremio judicial en 2016, una denuncia por mal desempeño presentada por organismos de derechos humanos en 2019 y los planteos efectuados por el veterano de guerra Jorge Taranto en expedientes vinculados a las Islas Malvinas.
Precedentes de la Justicia Federal
Más allá de la controversia generada por este expediente en particular, la jurisdicción federal de Río Grande ha desarrollado un rol de alta gravitación procesal en la defensa de los recursos naturales y la soberanía del Atlántico Sur. La magistratura y la fiscalía fueguina han intervenido formalmente en demandas colectivas de impacto internacional orientadas a frenar la explotación ilegítima en la plataforma continental argentina.
En el fuero federal de la isla destaca la medida cautelar que ordenó suspender el avance del emprendimiento hidrocarburífero offshore Sea Lion (León Marino) en la cuenca al norte de las islas. El fallo dispuso que empresas extranjeras como Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum se abstengan de ejecutar obras hasta tanto la autoridad ambiental nacional tramite la correspondiente evaluación de impacto ambiental. La magistrada fundamentó la competencia del fuero al determinar la naturaleza interjurisdiccional del daño ambiental y el emplazamiento de infraestructura sobre el lecho y subsuelo de la plataforma continental argentina.
Asimismo, el Juzgado Federal de Río Grande se declaró competente y dio curso procesal a la acción colectiva promovida por la Fundación Agustina Lerena contra las capturas no autorizadas en aguas circundantes a Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La tramitación judicial incluyó la incorporación de informes del INIDEP y monitoreos satelitales de la Prefectura Naval Argentina para auditar la violación al Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922), ratificando el criterio jurisprudencial del juzgado respecto a los recursos marinos en la Zona Económica Exclusiva.
De esta manera, mientras la desestimación sobre el buque Danstar obedeció a un requisito formal sobre la acreditación de actuaciones administrativas previas, el fuero federal de la isla mantiene abiertas causas de fondo vinculadas a la explotación petrolera y pesquera ilegítima promovida por la administración colonial en el Atlántico Sur.
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