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Este lunes 6 de enero, inició en Córdoba uno de los juicios más impactantes de la historia criminal argentina. Brenda Agüero, enfermera del hospital Neonatal Ramón Carrillo, enfrenta cargos por el asesinato de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho. Según la investigación, entre marzo y junio de 2022, la acusada habría inyectado deliberadamente potasio e insulina a recién nacidos sanos, causando muertes y graves secuelas. La abogada querellante Daniela Morales Leanza, representante de cuatro de las madres afectadas, aseguró que el caso refleja “violaciones aberrantes a los principios básicos de humanidad y justicia”.
La principal acusada, detenida desde el 19 de agosto de 2022, comparte el banquillo con otros 10 imputados, incluidos exfuncionarios del Ministerio de Salud de Córdoba y del hospital, señalados por encubrimiento y omisión de deberes. Morales Leanza destacó que las pruebas del Ministerio Público Fiscal demostrarán que “no se trata de un hecho aislado ni de un simple error”, sino de un accionar deliberado y sistemático.
En entrevista con LU12 AM680 de Río Gallegos, Morales Leanza subrayó que las investigaciones revelarán cómo los funcionarios imputados conocían los hechos y decidieron encubrirlos para preservar la reputación del sistema de salud provincial. “Priorizaron mantener intacto un prestigio político, sacrificando vidas inocentes. Olvidaron su deber como funcionarios públicos y vulneraron los principios básicos de humanidad y justicia”, declaró Morales Leanza.
La querella denuncia una falta total de empatía hacia las madres, quienes además enfrentaron violencia institucional y destacó la necesidad de abordar el juicio con perspectiva de género debido a la doble vulnerabilidad de las madres afectadas.
La defensa de los funcionarios
En el primer día del juicio, los abogados de los exfuncionarios rebatieron las acusaciones relativizando la posibilidad e incumbencia según sus cargos para realizar la denuncia de las irregularidades que se detectaban.
Pablo Pigini, defensor de la jefa de enfermería, Alicia Beatriz Ariza, señaló lisa y llanamente que “no le correspondía denunciar”. Creyó en la palabra de sus superiores, sabía que había una investigación administrativa y pensó que todo había desembocado en una denuncia judicial.
Germán Matheu, abogado del exministro Diego Cardozo, aseguró que “no tuvo conocimiento de los hechos antes del 7 de junio” y enumeró las medidas que adoptó a partir de esa circunstancias, como una auditoría, sumario administrativo, la separación de todos los empleados sospechados hasta dar la orden de presentar la denuncia penal.
Justiniano Martínez, defensor del exsecretario de Salud, Pablo Carvajal, en la misma línea indicó: “No hay precedentes de que haya existido un asesino serial y menos de las características que hoy se investigan. Nadie podía representarse en marzo del 2022 o hasta en junio que hubiera una persona perversa dentro del ámbito de la salud estuviera intencionalmente matando criaturas, bebitos recién nacidos”. Y fijó como fecha en que tomó noticia de lo que acontecía el 7 de junio, al igual que Cardozo.
El resto de los letrados que asisten a los acusados sostuvieron, con diferentes matices, que la acusación es “absurda”, que son “profesionales de la salud que trabajan para preservar la vida” por lo que lejos están de encubrir a alguien que pueda haber asesinado a niños en un ámbito sanitario.
También anticiparon que se abordará el organigrama de un ministerio con más de 15.000 dependientes, más los organismos descentralizados para explicar los canales por donde son informados de las novedades y la adopción de medidas.
Mañana comenzarán a declarar los imputados. La primera será Brenda Agüero.
El horror del 6 de junio: la “noche de terror”
El caso salió a la luz tras la denuncia de un ciudadano el 4 de julio de 2022, pero los hechos comenzaron meses antes. Morales Leanza calificó el 6 de junio como una “noche de terror”, en la que cuatro bebés sufrieron ataques deliberados y aseguró que “los recién nacidos eran sanos, hijos de embarazos controlados, y no requerían medicación alguna”.
Además, la abogada explicó que los distintos informes y estudios arrojaron que los menores fueron inyectados con potasio insulina. “El potasio jamás se inyecta de manera directa, sino -previo indicación médica- por goteo”, detalló y agregó que “hay un caso de un bebé con un pinchazo en la espalda. Ninguna medicación se coloca esa zona de la espalda, salvo que quieras causarle la muerte o un daño a una criatura recién nacida”.
Por otra parte, señaló que “jamás en el Hospital Materno Neonatal hubo antecedente de alguna situación irregular” y recalcó que se trata de un “hecho atroz que no tiene precedente similar en la historia criminal de Córdoba ni de la Argentina”.
Las víctimas y sus familias
El inicio del juicio ha sido profundamente movilizador para las familias de las víctimas. “Es revivir esos momentos terribles. Aunque algunos decidieron asistir, es muy difícil sostener emocionalmente todas las audiencias”, comentó la abogada, quien explicó que los familiares no podrán ingresar a la sala hasta que presten su testimonio.
Un proceso extenso con un jurado popular
El juicio, que podría extenderse hasta julio, cuenta con un jurado popular ampliado a 16 integrantes, 8 titulares y 8 suplentes. Generalmente, los juicios de este tipo tienen cuatro suplentes, pero en este caso se duplicó el número debido a lo extenso de audiencias, para tratar de prever tener los suplentes necesarios en caso de que halla gente que se enferme o no pueda estar.
Las deliberaciones de culpabilidad estarán a su cargo, mientras que la pena será aplicada por el tribunal técnico.
La imputación y la pena
Brenda Agüero enfrenta cargos por homicidio calificado por procedimiento insidioso en cinco hechos y tentativa de homicidio en otros ocho. De ser hallada culpable, la condena sería prisión perpetua. Este martes, Agüero declarará por primera vez, en lo que se espera será una jornada extensa.
El juicio promete ser uno de los más significativos en la historia criminal de Córdoba, no solo por la magnitud de los crímenes, sino también por las responsabilidades compartidas que busca esclarecer.
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