Procesaron a Roberto Baratta por enriquecimiento ilícito y le trabaron un embargo de $1.500 millones

El juez federal Julián Ercolini procesó por enriquecimiento ilícito a Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. La resolución alcanza las maniobras ocurridas hasta diciembre de 2017 e incluye un embargo sobre sus bienes por $1.500 millones.

La investigación judicial determinó la existencia de un incremento patrimonial apreciable e injustificado que no se corresponde con sus ingresos legítimos como funcionario público. La pericia contable arrojó saldos negativos en los ejercicios 2005, 2008, 2010 y entre 2012 y 2017. El déficit acumulado a valores de origen asciende a un rango de entre $4,29 millones y $4,67 millones, suma equivalente a casi la totalidad de los sueldos brutos percibidos durante sus doce años de gestión.

Según se informó desde la Justicia, el enriquecimiento se materializó mediante la compra de inmuebles, vehículos de alta gama, divisas y el uso masivo de dinero en efectivo por fuera del sistema financiero. Para ocultar la titularidad real de los bienes se habrían utilizado personas interpuestas del entorno familiar directo del imputado.

Maniobras bajo la lupa judicial

Entre los bienes investigados figura un lote en el Mapuche Country Club de Pilar, adquirido en 2012 por USD 70.000 en efectivo a nombre de su madre, Marta Rosa Girola. Posteriormente se construyó una vivienda de 380 metros cuadrados por $3,7 millones abonados en 30 entregas en efectivo. La propiedad fue transferida luego a Baratta mediante una simulación de oferta de donación. El arquitecto a cargo de la obra, Diego Gómez, declaró como testigo que trataba directamente con Baratta y que los pagos los realizaba el exfuncionario o su secretario privado, Nelson Lazarte. La Justicia constató que la madre no poseía capacidad contributiva ni ingresos para financiar la obra.

El fallo contempla también operaciones a nombre de su pareja, Dalina Bielle, quien figuró como titular sin contar con trazabilidad bancaria. Entre estas propiedades figuran el 50% de dos departamentos y dos cocheras en la calle Thames al 700, además de una cochera y baulera en el barrio porteño de Belgrano adquiridas entre 2014 y 2015.

A nombre del propio exfuncionario consta un departamento en la calle José Hernández al 2000, comprado en 2010 junto a su esposa por US$ 220.000, cuyo saldo de US$ 147.337 en efectivo careció de respaldo bancario. Respecto de los vehículos registrados, se incluyeron un Peugeot 307 (2008), un Renault Duster Privilege (2012), un Chevrolet Agile (2014) y un Renault Koleos 4×4 (2015). En un allanamiento en su domicilio se hallaron además 27.500 euros y 25.276 dólares.

El juez Ercolini remarcó que existió una omisión sistemática en las declaraciones juradas respecto a gastos de consumo, expensas de lujo, aranceles de colegios privados y diferencias entre los valores de escritura y los montos reales pagados.

En su declaración indagatoria, Baratta rechazó las acusaciones y afirmó que sus bienes fueron adquiridos de forma legítima. Sostuvo que su patrimonio se justifica con sus ingresos y los de su esposa, argumentó que el inmueble de Pilar fue un proyecto familiar financiado en parte con una indemnización laboral cobrada por su padre en Edenor, y aseguró que el dinero en efectivo secuestrado en su vivienda pertenecía a su suegra.