Pymes constructoras: “El fin de la obra pública podría dejar más de 2 millones de personas sin empleo”

Tal como anunció el presidente de la Nación, Javier Milei, el Estado nacional dejaría de financiar obra pública y dejaría los proyectos de infraestructura en manos de empresas privadas. Bajo la premisa de “No hay plata”, el primer mandatario aplicaría la motosierra a la obra público con el la idea de reducir el déficit fiscal.

Sin embargo, distintos actores de la sociedad argentina advirtieron sobre el impacto negativo que generaría la paralización de la obra pública en el circuito económico local, en especial, golpeando fuertemente los niveles de empleo.

“Resulta imposible prescindir de la obra pública ”, sostuvo Gerardo Antonio Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC) en una entrevista con la periodista Liliana Franco de Ámbito Financiero en el que se refirió a la situación del sector y a las propuestas de la entidad.

Con relación a las privatizaciones, señaló que “una escuela de frontera, una red de agua o un centro de salud en el interior del país no son obras rentables que puedan ser financiadas y vendidas como cualquier otro bien”.

La CCP nuclea a más de 900 empresas constructoras pymes nacionales, principalmente de obras de arquitectura públicas y privadas.

Asimismo, Fernández aseguró que el sector Pymes de la construcción emplea de forma directa, según ERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción), a 480.000 trabajadores en promedio. En esa línea, indicó que las Pymes constructoras son productoras de viviendas, escuelas, hospitales, complejos comerciales, redes, urbanizaciones, plazas, infraestructura, saneamiento, hidráulica, gasoductos, aeropuertos, etc.

“Según el último informe correspondiente al mes de noviembre 2023, asciende a 439.035, de los cuales se estima que un 70% o sea, que unos 300.000 corresponden a empresas Pymes. Asimismo, según estimadores históricos, el derrame en sectores de comercio e industria, se calcula entre cuatro a cinco veces el trabajo directo, por tanto, se estaría hablando de 1.500.000 trabajadores, en forma indirecta”, agregó.

Por otro lado, advirtió que la paralización de la obra pública “significaría desplazar a la calle a una cantidad de personas que podría llegar casi a los dos millones de personas entre directos e indirectos, que derivaría en una crisis social y de conflictos sin precedentes y, por tanto, inconmensurable”.

“Claramente, las obras de arquitectura son las que, en el caso de suspenderse, tendrán mayor impacto, tanto social como económico, que de hecho son las que en general hacen las Pymes de la construcción“, añadió.

En este marco, el titular de la CPC indicó que han advertido esta situación a las nuevas autoridades. “Se han remitidos los pedidos de audiencia y reuniones pertinentes con los responsables del área”, indicó

“El fin de la obra pública podría dejar más de 2 millones de personas sin empleo“, remarcó

En otro tramo de la entrevista, Fernández habló sobre el modelo “a la chilena” que propone Milei y si es posible privatizar el tipo de obra pública que realizan las Pymes constructoras.

“No existe forma alguna. Una escuela de frontera, una red de agua o un centro de salud en el interior del país no son obras rentables que puedan ser financiadas y vendidas como cualquier otro bien. Por demás, está claro que si el país no ha crecido en los últimos 20 años, las empresas han seguido el mismo destino y tampoco han crecido como para tener patrimonios que les permitan afrontar inversiones, para luego ofrecerlas a la venta sin cliente fijo y determinado. Y a esto se suma que el sistema financiero se encuentra abocado desde hace años a asistir al Estado, sin financiamiento serio y genuino de ninguna naturaleza hacia el sector privado. Pensar en privatizar obras publicas es desconocer la realidad de la historia de la humanidad“, expresó el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras.