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El juez federal Daniel Rafecas ordenó avanzar con una batería de medidas probatorias en la causa que investiga un posible esquema de lavado de dinero ligado a presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente. Lo dispuso en el expediente que analiza la compra de una mansión de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa, Pilar, operación que los denunciantes atribuyen a la firma Real Central SRL, encabezada por Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.
La decisión del magistrado llegó después de que el fiscal Ramiro González impulsara formalmente la acción penal y ratificara la denuncia presentada por Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, quienes señalaron que Pantano y Conte no exhiben la capacidad económica para justificar la adquisición de la propiedad.
El juez levantó el secreto fiscal y ordenó reconstruir el flujo del dinero
Rafecas dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Pantano, Conte, el empresario Lucas Labbad y la sociedad Real Central SRL. Con esa medida, la Justicia podrá acceder a toda la información impositiva, declaraciones juradas, movimientos bancarios y vínculos financieros que permitan establecer si los investigados registran ingresos que respalden la compra del predio.
Fuentes vinculadas al caso señalan que los denunciantes apuntaron a una presunta maniobra para ocultar al verdadero propietario de la mansión, que según versiones de vecinos y de dirigentes deportivos podría relacionarse con Tapia o con Toviggino. Esa línea no surge de los expedientes, pero funciona como hipótesis a verificar en esta etapa preliminar.
La propiedad bajo lupa: tasación, control policial y bienes de lujo
El juez ordenó además una valuación exhaustiva de la mansión de Pilar. Para esa tarea convocó a un perito de la Corte Suprema y a otro del Colegio de Martilleros de San Isidro, con el objetivo de determinar el valor real del inmueble y de sus instalaciones internas, que según las denuncias incluirían un helipuerto, un haras de caballos, autos de alta gama y canchas deportivas.
Como medida complementaria, dispuso que la Policía Federal coloque consignas en los accesos principales para identificar personas que ingresen o salgan del predio y para documentar la presencia de bienes muebles registrables, según la preocupación de la Coalición Cívica sobre el posible retiro o dispersión de activos de alto valor.
La denuncia y el rol de la Coalición Cívica
La causa se inició cuando Carrió, Del Gaiso y Yofe denunciaron que la firma Real Central SRL, manejada por una jubilada y un monotributista, adquirió una propiedad valuada en 10 millones de dólares. Del Gaiso aseguró que la operación representa “la punta del iceberg” de un sistema que, a su entender, involucra a dirigentes vinculados a la conducción de la AFA.
El legislador relató que vecinos del lugar mencionaron la presencia de Tapia, mientras que un mensaje de Carlos Tévez en redes sociales sobre presuntas maniobras de Toviggino motivó la ampliación de la denuncia. Ese material, si bien no figura en los expedientes, conforma el contexto político y social que rodea la investigación.
El caso también se vincula con otra línea judicial que analiza movimientos financieros relacionados con la firma Sur Finanzas, en la que se investigan operaciones por más de $800.000 millones, aunque esa información todavía no forma parte del expediente de Pilar.
Rafecas notificará el próximo 9 de diciembre a la Cámara Federal, que deberá decidir si la causa seguirá en el fuero federal o si pasará al fuero penal ordinario. Hasta que exista un pronunciamiento definitivo, el juez mantiene la dirección provisoria del expediente y continúa con la recolección de pruebas ordenada.
Mientras tanto, la Justicia busca determinar si Pantano, Conte y Labbad actuaron como testaferros, si Real Central SRL funcionó como vehículo para encubrir el origen de los fondos y si existió algún vínculo financiero o patrimonial con dirigentes de la AFA.
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