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El Gobierno pasó a disponibilidad a más de 400 trabajadores del Estado, incluso después de que el Senado rechazara los decretos que habilitaban la disolución de organismos como el INTA y Vialidad.
La medida, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, se conoció pocas horas después del contundente revés legislativo: los decretos 462/2025 y 461/2025 fueron derogados por 60 votos a 10 en la Cámara alta. Estas normas buscaban modificar o eliminar entes estratégicos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Pese a esa decisión, Caputo emitió dos resoluciones -1240/2025 y 1217/2025- que ordenan el pase a disponibilidad de 367 técnicos y profesionales del INTA, INASE e INV, y 97 empleados de la ANSV.
Ambas resoluciones se apoyan en decretos que ya fueron anulados por el Congreso y que estaban frenados por dos medidas cautelares dictadas por la jueza federal Martina Isabel Forns. Además, la propia Ley Bases excluía al INTA del alcance de las facultades delegadas.
El pase a disponibilidad dispensa a los trabajadores de asistir a sus puestos entre 6 y 12 meses, tiempo en el cual perciben un salario reducido y deben estar a disposición del empleador. Cumplido el plazo, el personal puede ser despedido.
Desde ATE cuestionaron duramente la decisión. “Es producto del revés que tuvo el Gobierno en el Senado e intenta romper el sistema democrático. Es una medida sádica que deja en un limbo de angustia a 365 familias”, denunció Marcelo Isleño, delegado gremial.
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