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La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó cumplir su condena de seis años de prisión en su domicilio actual, donde reside junto a su hija Florencia, con su custodia habitual y sin el uso de tobillera electrónica. Sin embargo, desde la fiscalía insisten en que su detención debe concretarse de forma inmediata.
A través de una presentación de 13 páginas realizada poco después del fallo de la Corte Suprema, sus abogados defensores, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron al Tribunal Oral Federal N°2 que Cristina no sea llevada a una alcaidía y se le otorgue directamente el arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, según indicaron fuentes judiciales.
El juez de ese Tribunal, Jorge Gorini, estableció un plazo de cinco días hábiles para que todos los condenados se presenten en persona en los tribunales de Comodoro Py y queden detenidos. A su vez, solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que determine lugares apropiados para alojarlos hasta que se resuelvan los planteos legales en curso.
Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola firmaron una solicitud para que la detención de Cristina Fernández se haga de manera inmediata, argumentando que el plazo otorgado es excesivo, especialmente considerando que incluye un fin de semana y un feriado nacional.
La defensa de la ex mandataria también presentó un pedido formal de prisión domiciliaria, destacando que Cristina tiene 72 años, ha sido víctima de un intento de asesinato en 2022 y que su condición de ex presidenta implica riesgos adicionales para su seguridad.
“En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede llevarse adelante mediante detención domiciliaria”, afirmaron los abogados.
También remarcaron que mantenerla en una cárcel común sería incompatible con las condiciones de seguridad que deben garantizarse para una persona en su situación.
El traslado de una ex vicepresidenta a una unidad penitenciaria, advirtieron, implicaría necesariamente un régimen de aislamiento total y vigilancia permanente, lo cual colisiona con los estándares constitucionales y los tratados internacionales en materia de cumplimiento de condenas.
En tanto, solicitaron el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, dado que cuenta con custodia permanente, lo que haría innecesario dicho dispositivo, a pesar de que está contemplado en la Ley de Ejecución Penal.
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