Casación confirmó la perpetua para uno de los acusados por el crimen de Tehuel de la Torre

La Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó este jueves la condena a prisión perpetua contra Luis Alberto Ramos por el asesinato de Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido en marzo de 2021 en la localidad de Alejandro Korn.

La resolución fue firmada por los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana, quienes rechazaron los recursos de apelación presentados por la defensa, ratificando la sentencia por homicidio agravado por odio a la identidad de género y orientación sexual.

En el fallo, los magistrados destacaron la especial vulnerabilidad de Tehuel, quien se encontraba en una situación de informalidad laboral. Según el tribunal, Ramos se aprovechó de este contexto para atraerlo con la promesa de una oportunidad de trabajo.

Asimismo, remarcaron que la quema de sus pertenencias y la desaparición del cuerpo constituyen un acto simbólico de negación de su identidad, lo que refuerza el carácter discriminatorio del crimen. A más de cuatro años del hecho, el paradero del cuerpo de Tehuel aún se desconoce.

Entre las pruebas clave que sostuvieron la condena se encuentran registros de cámaras de seguridad, la geolocalización del celular de la víctima, imágenes encontradas en el teléfono del acusado, restos calcinados de sus pertenencias, análisis genéticos de manchas hemáticas y la conducta evasiva de Ramos.

Por otra parte, aún resta resolver la situación de Oscar Montes, el otro acusado en la causa. El inicio del juicio por jurados en su contra todavía no tiene fecha definida.

El crimen de Tehuel

Tehuel tenía 21 años y vivía en el partido de San Vicente. El 11 de marzo de 2021 salió de su casa rumbo a una supuesta entrevista de trabajo como mozo en Alejandro Korn. En el camino, le comentó a su hermana que se encontraría con Luis Alberto Ramos, quien le había ofrecido el empleo. Fue la última vez que se lo vio con vida.

El caso generó una fuerte repercusión a nivel nacional, y se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos de las personas trans y travestis, en un país donde la expectativa de vida de esta población no supera los 40 años.

Con esta confirmación judicial, el proceso penal avanza, aunque aún persisten interrogantes clave que alimentan el reclamo de justicia por parte de la familia y organizaciones de derechos humanos.