Causa Vialidad: el procurador pidió a la Corte extender a 12 años de prisión la condena a Cristina Kirchner

El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, solicitó este jueves elevar de seis a doce años de prisión la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la Causa Vialidad, una de las investigaciones judiciales más relevantes que enfrenta la exmandataria. El pedido fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, que tiene en sus manos la revisión final del caso.

La presentación de Casal respalda el reclamo del fiscal Mario Villar, quien apeló ante el máximo tribunal para que se revoque la absolución de Cristina Kirchner por el delito de asociación ilícita, sumando este cargo a la condena ya dictada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Causa Vialidad: por qué se investiga a Cristina Kirchner

La Causa Vialidad investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, desde 2003 a 2015. En el centro de la causa está la supuesta asignación direccionada y sin controles a favor del empresario Lázaro Báez, con fondos del Estado nacional, por montos millonarios.

En 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero la absolvió por el cargo más grave: asociación ilícita. Esa sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación, pero ahora la fiscalía insiste en que esa absolución fue incorrecta.

Qué dice el nuevo dictamen del procurador Casal

Según el dictamen presentado, la maniobra investigada no puede ser comprendida únicamente como fraude a la administración pública, sino que habría elementos suficientes para sostener que existió una estructura delictiva organizada desde el poder político, lo que encuadraría como asociación ilícita, un delito con penas mayores.

“El fallo de Casación que mantiene la absolución por asociación ilícita contiene una valoración incompleta del material probatorio”, argumentó Casal en su escrito. En consecuencia, solicita a la Corte que anule ese tramo de la sentencia y dicte una nueva condena, esta vez con una pena total de doce años de prisión.

Qué consecuencias podría tener para Cristina Kirchner

La causa se encuentra en una etapa clave: la Corte Suprema deberá decidir si acepta tratar el caso y, eventualmente, modificar la sentencia. De confirmar el planteo del procurador, la expresidenta pasaría a tener una condena por asociación ilícita, agravando su situación judicial.

Aunque la condena aún no está firme, este proceso afecta su eventual regreso a la política, ya que la pena actual ya contempla inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La propia Cristina Kirchner ha sostenido públicamente que se trata de una persecución judicial con fines políticos, aunque los tribunales ratificaron la validez de las pruebas presentadas por la fiscalía.

Qué sigue en la causa

Ahora la Corte Suprema deberá analizar si hace lugar a la queja presentada por el fiscal Villar y respaldada por Casal, lo que implicaría revisar todo el proceso y eventualmente dictar una nueva sentencia. Si bien los tiempos del máximo tribunal no son inmediatos, el caso ya es seguido de cerca por el arco político nacional, ante la posibilidad de que tenga impacto en las definiciones electorales del peronismo.

La decisión final podría demorar meses, pero este nuevo paso complica aún más el frente judicial de Cristina Fernández de Kirchner, justo en un contexto donde sectores del kirchnerismo impulsan su eventual regreso al ruedo político. Mientras tanto, el fallo del TOF 2 y su confirmación por Casación siguen vigentes, manteniendo activa su inhabilitación para cargos públicos.

Qué pasa con Lázaro Báez y otros acusados

La causa también involucra a otros exfuncionarios y al empresario Lázaro Báez, condenado a seis años de prisión por su rol como supuesto beneficiario de las adjudicaciones. En los próximos meses, también se analizará si se agravan o modifican las penas de los restantes condenados, en función del pronunciamiento de la Corte.