Este lunes comenzó el alegato final de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el Tribunal Oral Federal 2 por la causa denominada “Vialidad“.

Ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, los abogados Carlos Beraldi y su colega Ary Llernovoy desarrollaron una defensa técnica basada en el repaso desde 2008 de las denuncias presentadas contra la Vicepresidenta y, además, remarcaron que los hechos que se ventilan en este juicio fueron juzgados ya en Santa Cruz por corresponder a esa jurisdicción

En la causa se juzgan supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015 como adjudicaciones direccionadas en un 80 por ciento a empresas del también acusado Lázaro Báez, presuntos sobreprecios y falta de controles.

La expresidenta enfrenta un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, como supuesta “jefa” de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Causa “Vialidad”: las principales definiciones de la defensa de Cristina Kirchner en el primer día de alegatos

 

  • “Desde el inicio de este proceso y al igual como ocurrió con el resto de las causas que se fueron formando, la decisión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner y nuestro consejo profesional siempre fue que debíamos presentarnos en todos los expedientes”.
  • El objetivo era “demostrar con todos los instrumentos legales que existen que los cargos eran falsos y aguardar el momento en que la prueba que se recogiera en un juicio iba a demostrar exactamente lo que nosotros tenemos afirmado”, agregó.
  • “En esa tarea que fue muy ardua, empezó hace seis años, no bajamos los brazos en ningún momento”, aun “cuando tuvimos que soportar, no consentir, soportar, distintas arbitrariedades insólitas que no tienen antecedentes en nuestro país ni creo que en el mundo”, subrayó Beraldi y ejemplificó que la vicepresidenta fue citada “en un mismo día a prestar ocho declaraciones indagatorias”, al aludir a una decisión que tomó en su momento el fallecido juez federal Claudio Bonadio.
  • “Las irregularidades no sólo tuvieron como destinataria a la doctora Cristina Fernández de Kirchner o a esta defensa, sino que, incluso, superando todos los límites, se dirigieron hacia su familia, específicamente hacia su hija que, como todos sabemos, nunca desarrolló ninguna actividad política, pero eso no fue ningún óbice para que se estigmatizara, se la atacara y se quebrantara su salud”, enfatizó.
  • “Nunca bajamos los brazos porque nosotros sabemos, todos saben, que la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio”, asevero Beraldi y reiteró que, después de casi tres años de debate oral, “quedó demostrado” que las acusaciones “carecían de verosimilitud”, pese a lo cual durante nueve jornadas de alegato la fiscalía “repitió las mismas acusaciones” y actuó “como si el juicio no hubiese existido”.
  • “Fueron por lana y volvieron esquilados”, graficó el abogado Carlos Beraldi al recordar que el entonces titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel presentó una denuncia en 2016 tras una auditoría y luego en la investigación apareció Iecsa, además de Austral Construcciones de Lázaro Báez y otras empresas de obra pública.
  • Los datos “ilustran con gran precisión los desatinos y desajustes que se hicieron”, agregó Beraldi en uno de los tramos de su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 en el que se refirió a la gestión de Iguacel en Vialidad y las denuncias presentadas.
  • En base a un informe definitivo hecho en 2016 sobre el distrito 23 de Vialidad en Santa Cruz “los auditores puestos por Iguacel” determinaron que no hubo “deficiencias constructivas de relevancia ni tareas certificadas sin ejecutarse. Pero eso no desalentó a este funcionario que, de todas maneras, sin pruebas o con pruebas que controvertían lo que se pensaba afirmar se presentó ante la Justicia e hizo la misma denuncia hecha en 2008 (por la diputada Elisa Carrió, entre otros legisladores), 2013 y otra vez volvía a aparecer”, agregó.
  • Beraldi recordó que en la investigación apareció un correo electrónico con una planilla de empresas contratistas y entre las diez primeras estaba Iecsa, “la empresa de la familia del por entonces presidente de la Nación. El curso natural que había tomado la investigación le preocupó a la gente de Iguacel”.
  • En el margen derecho había escrita una leyenda “hay que pagarle a los diez primeros si o sí. Fue otra nueva paradoja, habían ido a investigar a Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez y la investigación tomaba un curso indeseable para ellos”, apuntó el abogado y señaló que entonces el equipo jurídico de Vialidad optó por presentar otra vez la misma denuncia pero ante una fiscalía diferente, en la que sólo se investigó lo ocurrido en Santa Cruz y no en otras regiones del país.

 

 

Los alegatos finales de las defensas que faltan en la causa “Vialidad”

  • Cristina Fernández de Kirchner, ex mandataria y actual vicepresidenta: 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como supuesta jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada.
  • Lázaro Báez, empresario: 12 años de cárcel por ser organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta, en calidad de partícipe.
  • Carlos Kirchner, ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal: absolución por el delito de asociación ilícita y pedido de condena a dos años de prisión en suspenso por supuesto abuso de autoridad.
  • José López, ex secretario de Obras Públicas: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita, en concurso real con la administración fraudulenta.
  • Raúl Pavesi, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 5 años.
  • Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV): 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita en concurso con la administración fraudulenta.
  • José Santibañez, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 4 años de prisión.
  • Juan Carlos Villafañe, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 6 años de prisión por administración fraudulenta.

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