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Una organización dedicada al narcotráfico en Salta fue desarticulada tras meses de investigación. La banda liderada por Martina Oliva y Gustavo Tolaba transportaba droga desde la frontera con Bolivia hasta la capital salteña, utilizando rutas clandestinas, vehículos de alta gama y estrategias de distracción para evadir controles. La Justicia imputó a cinco personas y reveló que realizaron al menos 34 viajes con cargamentos ilegales.

La investigación, llevada a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), comenzó en noviembre de 2024 tras una denuncia anónima que vinculaba a Tolaba con el tráfico de marihuana en Salta Capital. A partir de esta pista, los investigadores siguieron sus movimientos y rastrearon las rutas utilizadas.

Tolaba y Oliva viajaban como “autos punteros”, circulando varios kilómetros adelante para alertar sobre controles. La droga se transportaba en autos como Citroën C3, Volkswagen Polo y Volkswagen Virtus, mientras que Tolaba se desplazaba en una Toyota Hilux o VW Amarok.

Para evitar el control fijo de Gendarmería Nacional en Chalicán (Jujuy), desviaban por caminos rurales, extendiendo el viaje de 2 a más de 6 horas. La droga llegaba a la casa de José Burgos, en el barrio 17 de Octubre, donde era fraccionada y distribuida. Burgos era el principal comprador y encargado de la venta al menudeo en la ciudad.

El operativo que desmanteló a la banda narco

El martes por la mañana, la PSA detectó un movimiento sospechoso: Tolaba y Oliva viajaban en una Toyota Hilux junto a Ángela Cuenca cuando fueron interceptados en el ex peaje Aunor.

A pocos metros, un Citroën C3 cargado con 15 kilos de marihuana intentó fugarse al ver el control. Se inició una persecución a 180 km/h, durante la cual los ocupantes arrojaron paquetes de droga por la ventanilla. La huida terminó en Jujuy, donde el conductor, Juan Alberto Romero, intentó escapar a pie, pero fue detenido.

En los allanamientos posteriores, la PSA encontró 6 millones de pesos en efectivo en la casa de Burgos; balanzas digitales, envoltorios y una máquina contadora de billetes; elementos para fraccionar la droga en la vivienda de Tolaba, en Orán.

A pedido del fiscal Eduardo Villalba, la jueza Mariela Giménez ordenó la prisión preventiva de los cinco detenidos y fijó un plazo de seis meses para continuar con la investigación. Además, se autorizó el levantamiento del secreto bancario, financiero y bursátil de los acusados, así como el peritaje de sus teléfonos celulares, lo que podría revelar más conexiones con otras redes de narcotráfico.

 

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