Coparticipación: la verdadera pelea de fondo es cumplir la Constitución

En medio de la tensión que generaron las decisiones del Gobierno nacional para con las provincias por el recorte de fondos, sumado al enfrentamiento con Chubut después, la teoría de la manta corta volvió a rondar y la mirada sobre la coparticipación no queda ajena.

Este lunes, por Decreto Nº 192/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei eliminó el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, sumando otro punto de conflicto más.

Más allá de la justicia o no de la existencia de ese fondo, en los argumentos del decreto el Gobierno marca que “ninguna otra administración nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual” y entiende, más adelante, que “no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas”, señalando que “la situación fiscal de las provincias y de la Ciudad ha sido menos restrictiva a costa de las transferencias discrecionales que ha realizado el Gobierno nacional“.

Qué dice la ley

Es en este concepto donde la mirada termina posándose en la coparticipación. ¿Existirían transferencias discrecionales si se cumpliera la Ley 23.548? Veamos.

La norma establece que la distribución del 100% del monto recaudado de impuestos coparticipables es la siguiente: el 42,34% en forma automática a la Nación (de ahí se detrae lo que se gira a Ciudad de Buenos Aires y a Tierra del Fuego); el 54,66% en forma automática a las 23 provincias, otro 2% va al Fondo de recupero de las provincias de Buenos Aires (1,57%), Chubut, Neuquén y Santa Cruz (0,14% cada una), y el 1% restante va al fondo de los ATN.

Los impuestos que se coparticipan son: “todos los impuestos nacionales existentes o a crearse“, a excepción de: “Derechos de Importación o Exportación”, “Impuestos nacionales con afectación específica” o aquellos cuyo producido “se afecte a la realización de inversiones, servicios y al fomento de actividades que se declaren de interés nacional”. Se incluyen dentro de la masa coparticipable los impuestos que gravan la transferencia o el consumo de combustibles.

Escenario actual

El total de la recaudación informada por la AFIP para enero de este año ascendió a $ 7.699.887 millones. En tanto, la coparticipación federal de impuestos ascendió a $ 2.193.412 millones, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, según los datos publicados por el Ministerio de Economía. Si se toma el total de las transferencias automáticas que complementan la coparticipación, la cifra distribuida a las 24 jurisdicción alcanzó los $ 2.290.925 millones.

En la práctica eso significa el 28,48% del total que recaudó la Nación, según la AFIP. A primera vista parecería que la ley no se cumplió. Un análisis más profundo da cuenta de que en realidad sí. ¿Cómo es esto?.

Para “esquivar“ el reparto automático a las provincias, las distintas gestiones nacionales adoptaron vericuetos en los gravámenes creados. Un ejemplo de ello es el impuesto PAIS, que no llega a las provincias como coparticipación, o la suma de más impuestos con asignación específica y que por ende no ingresaban en la masa que constituye el reparto primario coparticipable.

De esta forma, el total girado a las provincias en el mes de enero constituye el 56,6% de la sumatoria de la recaudación sólo de IVA y Ganancias que llegó a $ 3.872.700 millones en el primer mes del año. Quedó afuera del reparto una cifra casi similar: $ 3.827.187 millones.

Incumplimiento conjunto

Por más que la base de la coparticipación sean los porcentajes dispuestos en 1988, hay leyes especiales que modificaron en la práctica esas proporciones, llevando el 56,6% a un 28,48% real. Por otra parte, como los fondos que reciben la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego salen directamente de la parte que le corresponde a la Nación (por defecto de la norma, previa a reconocer la autonomía de ambas jurisdicciones), el Poder Ejecutivo nacional puede cambiar los porcentajes que reciben estas 2 provincias, como lo hizo en 2016, 2018 y 2022, sin que ello repercuta en lo que reciben las demás provincias.

En la reforma constitucional de 1994 aseguraron que el 60% de lo recaudado para las provincias fue central en el debate. Aquel año los constituyentes decidieron ratificar el cumplimiento de la Ley 23.548, pero también establecían la necesidad de sancionar una nueva ley antes de que concluyera el año 1996. Pasaron poco más de 27 años y ni la Nación ni las provincias han puesto en el tapete de la discusión una nueva ley o siquiera un análisis preliminar.