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El equipo de abogados de Cristina Fernández de Kirchner ultimaba detalles de los próximos pasos de la estrategia judicial de la expresidenta después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso en queja de su defensa y dejara firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El abogado Carlos Beraldi, que representa a la exjefa de Estado, ya elevó al Tribunal Oral Federal N°2 de Comodoro Py, presidido por Jorge Gorini, la solicitud de arresto domiciliario, por lo que se aguardaba la definición del cuerpo magistrado ante ese requerimiento.
En la presentación, Beraldi pidió que Fernández de Kirchner haga efectiva la pena en el inmueble ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, lugar en el que actualmente se encuentra y donde suele saludar desde el balcón a la militancia que acude a respaldarla.
Otro de los pasos que deberá acatar la también titular del PJ es el cumplimiento del calendario que impone la Justicia, ya que tiene tiempo hasta el próximo miércoles para presentarse en los tribunales federales de Retiro, hecho que su equipo de asesores legales dio por consumado.
Frente a la prensa, Beraldi se mostró optimista por la eventual aceptación del pedido de prisión domiciliaria: “Tiene 72 años, es expresidenta de la Nación, tiene una custodia específica; para eso está la prisión domiciliaria. El Tribunal decidirá“, dijo y agregó que no tendrá limitado el régimen de visitas.
En tanto, Gorini, que es el encargado de certificar el cumplimiento de la pena, solicitó al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, una dependencia del ámbito federal para los detenidos en esta causa.
Por otra parte, el magistrado notificó a la Cámara Nacional Electoral (CNE) por la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la exmandataria. Asimismo, Gorini ordenó a Migraciones reforzar los controles para evitar que CFK intente salir de la Argentina y radicarse en algún país que no tenga tratado de extradición.
El último caso de esas características fue el de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, acusado de operador judicial durante el macrismo y quien se afincó en Uruguay, de donde no regresó hasta que fue sobreseído.
La apelación ante la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fue la última instancia que tuvo la expresidenta para intentar que la Justicia revise la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta.
En ese marco, otro abogado del equipo de Cristina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) a principios de esta semana por “persecución política, mediática y judicial”: se trata del letrado Gregorio Dalbón, quien acudió a la Oficina del Fiscal de ese tribunal.
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