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Tras una sesión que se extendió por más de diez horas y culminó en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional. Sin embargo, el oficialismo no logró sostener uno de los capítulos más controvertidos del articulado, lo que derivó en el rechazo de recortes al financiamiento universitario, la eliminación de la emergencia en discapacidad y un aumento en la tarifa del gas mediante cambios en el régimen de Zona Fría.

El proyecto obtuvo en la votación en general 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, lo que permitió su giro al Senado. No obstante, durante la votación en particular, realizada por capítulos, se produjo el quiebre político que marcó el debate: el Capítulo XI fue rechazado y con él se cayeron todas las disposiciones incluidas en ese tramo del Presupuesto.

El capítulo que desató la polémica

El Capítulo XI concentró la mayor controversia de la sesión. Allí el oficialismo había incorporado el artículo 75, que proponía derogar dos leyes sancionadas por el Congreso en 2025: la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas normas habían sido vetadas por el presidente Javier Milei, pero luego ratificadas por el Parlamento con mayoría especial.

Además, ese mismo capítulo incluía artículos que eliminaban la ampliación del régimen de Zona Fría aprobada en 2021, lo que implicaba un aumento en las tarifas de gas para millones de usuarios fuera de la Patagonia, Malargüe y la Puna. También se proponía quitar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares, dejándolas a discreción del Poder Ejecutivo.

La votación del Capítulo XI terminó con 124 votos en contra, 115 a favor y dos abstenciones, un resultado que fue celebrado por la oposición y significó un duro revés para La Libertad Avanza y sus aliados.

Universidades y discapacidad, fuera del ajuste

Con el rechazo del Capítulo XI, quedaron sin efecto los recortes que el Gobierno buscaba aplicar sobre áreas sensibles. En el caso del financiamiento universitario, el Presupuesto preveía una asignación global, pero al mismo tiempo anulaba la ley que garantizaba recursos específicos y mecanismos de actualización.

En materia de discapacidad, el artículo 75 no solo derogaba la ley de emergencia, sino que modificaba el sistema de actualización de aranceles para las prestaciones, trasladando esa responsabilidad al Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad. Al caer el capítulo, se mantuvo el marco legal vigente que protege a las personas con discapacidad y a los prestadores del sistema.

Zona Fría: se mantiene el esquema vigente

Otro de los puntos rechazados fue la modificación del régimen de Zona Fría, que el oficialismo pretendía restringir. La iniciativa eliminaba la ampliación territorial votada en 2021, lo que hubiera significado un incremento en la tarifa del gas para amplias regiones del país.

La caída de ese artículo garantiza que continúen los subsidios al consumo de gas para las zonas incorporadas en los últimos años, una medida clave en un contexto de alta presión tarifaria y pérdida del poder adquisitivo.

Acusaciones cruzadas y fuerte tensión política

La estrategia del oficialismo de agrupar todas estas medidas en un solo capítulo generó duras críticas de distintos bloques. Legisladores de la oposición denunciaron que se trató de una maniobra para “blindar” el artículo 75 y forzar a los diputados a votar un paquete cerrado sin posibilidad de diferenciar posiciones.

Desde Unión por la Patria, Germán Martínez calificó el procedimiento como una “perversidad” y acusó al Gobierno de intentar condicionar tanto al Congreso como al Poder Judicial. En la misma línea, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que la iniciativa violaba la Ley de Administración Financiera y la definió como “extorsiva”.

Incluso dentro de los bloques dialoguistas y aliados del Gobierno hubo cuestionamientos. Diputados del PRO, la UCR y fuerzas provinciales advirtieron sobre la irregularidad de incluir artículos sensibles en un capítulo residual y anticiparon que no acompañarían ese tramo del Presupuesto.

Qué se aprobó y qué sigue ahora

Pese al traspié, el Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026 en general, basado en el equilibrio fiscal y el superávit financiero como ejes centrales. El texto aprobado, sin el Capítulo XI, fue girado al Senado para su tratamiento.

La eliminación de ese capítulo obliga al oficialismo a replantear su estrategia legislativa si pretende avanzar en reformas sobre universidades, discapacidad o subsidios energéticos. Mientras tanto, el rechazo dejó en claro que, aun con aliados circunstanciales, existen límites políticos cuando se trata de recortes en áreas sociales sensibles.

El debate en Diputados expuso, además, las dificultades del Gobierno para sostener un ajuste profundo en el Congreso y anticipa un tratamiento complejo en la Cámara alta, donde el Presupuesto 2026 volverá a ser objeto de negociación y disputa política.

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