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Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei contra la ley que declara emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. Cabe destacar que lo hizo con un resultado aplastante: se alcanzó 172 votos a favor, mientras que 73 votaron en contra y 2 diputados se abstuvieron.
Ahora, para revertir finalmente el veto presidencial, el Congreso necesita reunir dos tercios en el Senado de la Nación y de esa manera la declaración de emergencia quedará firme. De esa forma, además, el Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado.
En cuanto al voto de los diputados nacionales por la provincia de Santa Cruz, tanto Sergio Acevedo como José Luis Garrido (Provincias Unidas por Por Santa Cruz), como Roxana Reyes (UCR), Ana María Ianni y Gustavo González (Fuerza Patria), votaron a favor de la emergencia.
El proyecto
Cabe destacar que el proyecto había sido impulsado por el diputado nacional Daniel Arroyo. Entre los puntos más salientes, pide la regularización de pagos y actualización de aranceles. Al respecto, se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional.
También una reforma del sistema de pensiones no contributivas: el proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio. Y el fortalecimiento institucional ya que se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
Otro punto es que busca la transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
Se alcanzó 172 votos a favor, mientras que 73 votaron en contra y 2 diputados se abstuvieron.
Y brinda compensaciones económicas. En ese aspecto, el proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
En cuanto a la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD), se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
Y sobre el cumplimiento del cupo laboral, se reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
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