Diputados repudian y rechazan la eliminación de la Ley Ovina

La semana pasada el Gobierno nacional oficializó el decreto 408/2025, mediante el cual disolvió varios regímenes de promoción, entre ellos el de la ganadería ovina, fijado por ley 25.422, conocida como Ley Ovina.

Este tema, que sumó otra preocupación al sector productivo de la provincia, generó la presentación de al menos dos proyectos que ingresaron en la legislatura de Santa Cruz. Uno de ellos, de autoría del diputado Carlos Santi (Unión por la Patria), manifiesta el “más enérgico rechazo a la eliminación de la Ley Nacional Nº 25.422”, ya que la considera “una herramienta fundamental para el desarrollo de dicha producción, el arraigo rural y la generación de empleo en las zonas rurales de nuestro país y de nuestra provincia”.

El otro proyecto, cuya autora es la diputada Agostina Mora, también de “Unión por la Patria”, manifiesta el repudio a la derogación de la Ley Ovina y encomienda a los o las legisladores nacionales por Santa Cruz, a que adopten las medidas concretas desde el Congreso de la Nación, orientadas a la derogación del Decreto N° 408/2025 emitido por el Poder Ejecutivo Nacional.

Cabe recordar que el presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Enrique Jamieson, le había indicado a Radio LU12 AM680 de Río Gallegos que la Ley Ovina había sido una herramienta que “se manejó muy mal a nivel nacional, pero muy bien en Santa Cruz”. En ese sentido, destacó el nivel de cumplimiento alcanzado en la provincia: “Hubo un montón de créditos y un recupero cercano al 100%. Teníamos la esperanza de seguir trabajando con el gobierno provincial y el nacional para mantener esta ley, porque era muy importante para el pequeño y mediano productor”.

“Certificado de defunción”

En los fundamentos del proyecto de Santi se dan varias razones por las que el decreto presidencial es nocivo para la región. “Esta ley tiene una gran importancia para nuestra provincia, ya que Santa Cruz posee una superficie de 24 millones de hectáreas, de las cuales actualmente hay aproximadamente 600 productores con 13 millones de hectáreas dedicadas a la producción ovina y un stock total que ronda los 2.1 millones de cabezas”, informó.

También recordó que la Ley Ovina (Ley N° 25.422) es una ley argentina que busca la recuperación de la ganadería ovina a través de la adecuación modernización de los sistemas productivos, con el objetivo de mantener las fuentes de trabajo y la radicación rural. Fue sancionada el 4 de abril de 2001 y reglamentada para su aplicación en todo el territorio nacional.

La Ley establece un régimen de fomento para la producción ovina, que incluye:

• Mejora de la eficiencia productiva:

Implementación de tecnologías y prácticas que optimicen la producción de carne, lana, leche y otros productos ovinos.

• Mejora de la calidad de la producción:

Inversiones en genética, sanidad y manejo de los rebaños para obtener productos de mayor valor.

• Incremento de la producción:

Apoyo a la expansión de la actividad ovina en diferentes regiones del país.

• Desarrollo de valor agregado:

Fomento de la industrialización de productos ovinos y la creación de valor en la cadena productiva.

Tras 24 años de vigencia, “el Gobierno dio de baja por decreto la Ley Ovina, una herramienta clave para el financiamiento de pequeños ganaderos de la Patagonia” y consideró que de esta forma “el Gobierno Nacional firmó el certificado de defunción final de al menos 9 regímenes de fomento de la ganadería, entre ellos la Ley Ovina, que permitió durante casi 24 años a pequeños productores de la Patagonia poder acceder a financiamiento (ya sea por créditos blandos o por aportes no reintegrables) para hacer potreros, galpones, captaciones de agua o mejoramiento genético”.