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El reconocido abogado constitucionalista Eduardo Barcesat fue entrevistado por LU12 AM680 Radio Río Gallegos manifestó su total desacuerdo con la reciente ratificación de la condena a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, calificando el fallo como una manifestación de “lawfare” y un “muerto civil” para la afectada. Afirmó que la sentencia fue “influenciada por un poder externo” y carece de correspondencia con las pruebas de la causa.
Lawfare
Explicó que la situación encaja en el concepto de “lawfare“, una práctica donde “se emplea el arma judicial en lugar de estar secuestrando, torturando y desapareciendo gente“, lo cual tiene “mala prensa internacional”. A pesar de su apariencia de pronunciamiento judicial, estas acciones buscan “aniquilar la persona“, convirtiéndola en un “muerto civil“.
El constitucionalista destacó la “absoluta falta de correspondencia entre la prueba colectada en la causa y el fallo de la Corte Suprema“. Además, puso énfasis en la pena accesoria de inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos y el embargo sobre los bienes de Cristina Kirchner, medidas que, según Barcesat, son “más graves que la pena privativa de libertad” y tienen una “cuantía impensable para cualquier persona”.


El abogado lamentó que no se hayan “erigido vayas contra esta mala práctica del lawfare” en su momento, criticando la postura del gobierno de Alberto Fernández que, a su entender, se opuso a proyectos para formar un tribunal ético internacional, sosteniendo que “no había lawfare en la Argentina”. Esta práctica, iniciada bajo el gobierno de Mauricio Macri, no solo persigue al “enemigo”, sino que también “protege a aquellos que representan el círculo rojo“.
Confirmó que se recurrirá el fallo en el ámbito regional e internacional, incluyendo la Corte Internacional de La Haya. Sin embargo, reconoció que las resoluciones de estos organismos “insumen enormes tiempos de actuación“, por lo que ve “muy remota” la posibilidad de una definición para 2025.
El constitucionalista argentino aseguró que la Corte “protege al círculo rojo”.
No obstante, el constitucionalista adelantó una posible estrategia legal a nivel nacional. Se evalúa que “algún elector empadronado en el distrito 3 de la provincia de Buenos Aires, es decir, Partido de la Matanza, pueda presentarse a pedir que se respeten sus derechos electorales habilitando la participación en la contienda venidera de Cristina Fernández de Kirchner”. Esta iniciativa, que podría proponerse antes de fin de semana, se fundamenta en una “normativa constitucional bastante sólida”.
Descreimiento popular
El impacto institucional de este fallo, según Barcesat, es el de “irritar más al pueblo argentino, volverlo más descreído y con falta de entusiasmo para los actos electorales”. A pesar de que los jueces no son elegidos por voto directo, su nombramiento por parte de los representantes del pueblo ha generado “mal resultado y poca credibilidad”.
El abogado citó encuestas de la Universidad de San Andrés y el Instituto Di Tella, que muestran una caída en la credibilidad del Poder Judicial del 18% al 15%. “Realmente demuestra que el pueblo argentino descree de su no de la justicia, sino del poder judicial”, concluyó Barcesat, vinculando este descreimiento con la “escasa concurrencia electoral“, donde el abstencionismo se ha convertido en el “mayor apoyo”.
Remarcó que el fallo de la Corte es lesivo para las instituciones del país.
Finalmente, Barcesat criticó la celeridad con la que la Corte Suprema tramitó la causa, señalando que en 48-49 días, incluyendo 30 para el dictamen del procurador interino, se emitió un fallo que, por su falta de fundamentación, parece más un “280 con flecos que una sentencia judicial”. El constitucionalista está convencido de que, más allá de la habilitación electoral, el fallo generará una “responsabilidad al Estado argentino por haber dictado uno de sus órganos, el Poder Judicial, un fallo absolutamente o totalmente lesivo respecto de lo que son los derechos políticos y electorales de los pueblos”.
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