El financiamiento universitario cayó del 0,718% del PBI en 2023 al 0,462% en 2026

La crisis del financiamiento universitario en Argentina se instaló como uno de los ejes centrales del debate social y político en todo el país, ante un retroceso presupuestario que sitúa al sistema en niveles de inversión históricamente bajos.

Según un informe técnico elaborado de forma conjunta por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) y el grupo Economía Política Ciencia (EPC), la educación superior atraviesa un escenario de desfinanciamiento que supera registros de hace dos décadas.

La caída de la inversión pública es drástica cuando se analiza su participación en el Producto Bruto Interno (PBI). Mientras que en “2023 el financiamiento representaba el 0,718% del PBI, las proyecciones para 2026 lo ubican en apenas un 0,462%”. Este desplome implica una “pérdida del 45,2% de incidencia real respecto al producto en un periodo de nueve años, tomando como referencia el máximo alcanzado en 2017″.

Salarios docentes

En el centro del conflicto se encuentra la masa salarial de docentes y no docentes, que ha sufrido una caída de más de 30 puntos en el periodo 2023-2026. Según el informe, el impacto más severo se registró durante 2024, cuando los salarios perdieron un 22,1% en términos reales.

Esta situación llevó a que el 92% de los docentes sin antigüedad y el 87% de aquellos con diez años de trayectoria perciban haberes por debajo de la línea de pobreza. En términos globales, más del 85% de los docentes y el 60% de los no docentes no logran cubrir el costo de la canasta básica.

La brecha de recursos se hace evidente al comparar la inversión por estudiante a nivel regional. Mientras que la Universidad de Buenos Aires (UBA) recibe un financiamiento anual de 1.485 dólares por alumno, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dispone de 8.180 dólares y la Universidad de São Paulo (USP) alcanza los 17.942 dólares. A este panorama se suma el estancamiento de las Becas Progresar, cuyo valor de $35.000 se mantiene sin cambios desde abril de 2025, acumulando una pérdida real frente a una inflación interanual del 32%.

El conflicto ha derivado en una batalla legal y legislativa sin precedentes. A pesar de que el Congreso sancionó leyes para la recomposición salarial y la actualización de gastos de funcionamiento, como las leyes 27.757 y 27.795, el Poder Ejecutivo bloqueó su aplicación mediante vetos totales y decretos de suspensión. Actualmente, aunque existen fallos judiciales que ordenan la actualización urgente de los salarios y las becas, el Gobierno nacional continúa incumpliendo la normativa vigente, mientras se registran nuevos recortes que superan los $78.000 millones de pesos en áreas críticas del sistema educativo.