El gobernador Pullaro analiza ir a la Justicia por el recorte a las cajas de jubilaciones

Luego de que el presidente Javier Milei eliminara los anticipos de pagos a las cajas de jubilaciones que están bajo el control de unas 13 provincias que no las transfirieron a la ANSES, lo que complica la liquidación de los haberes y el funcionamiento de las cuentas públicas locales, el Gobierno santafesino analizará la semana próxima impugnar la medida ante la Justicia.

El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, criticó duramente la decisión del gobierno nacional de eliminar mediante un DNU los anticipos que realiza la Anses a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al Estado nacional, lo que pone en un punto crítico a la Caja de Jubilaciones santafesina.

Boasso señaló que el decreto responde a “otra trastada del Presidente” y puntualizó que, “mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las Cajas Jubilatorias de 13 provincias”.

Santa Fe es una de las trece provincias afectadas por la medida junto con Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.

En concreto, a través de un DNU publicado en el Boletín Oficial este miércoles el presidente Javier Milei dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Allí se establece que la Anses “transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas” y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a “las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa)”.

Para Boasso, además de ser “una trastada”, más que un ajuste esto es “una apropiación indebida de fondos”. Sin eufemismos, el funcionario puntualizó que “las Cajas de jubilaciones no son casta, son aportes de los trabajadores durante su vida laboral” y anticipó que la semana próxima se analizará recurrir a la vía judicial para frenar este recorte.