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El Gobierno de Javier Milei dio el primer paso hacia la privatización total de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa y traslado de equipajes en los principales aeropuertos del país. La decisión fue oficializada esta madrugada a través de la Resolución 1067/2025, publicada en el Boletín Oficial.
La medida implica la venta del 100% del capital accionario mediante una licitación pública, tanto nacional como internacional. Esta acción se enmarca en el Decreto 198/2025 y en la ley 27.742, que habían declarado a Intercargo como “sujeta a privatización”.
La Secretaría de Transporte, bajo cuya órbita opera la firma, será la encargada de llevar adelante las gestiones administrativas y técnicas necesarias para concretar el traspaso. Como parte del proceso, se rescindirá por mutuo acuerdo el contrato de concesión que actualmente rige entre el Estado y la empresa, lo cual es un paso previo obligatorio antes de transferir las acciones al nuevo operador.
A diferencia de otros procesos similares, esta privatización no prevé mecanismos de participación para los trabajadores ni planes de propiedad participada. El paquete accionario se venderá en una única operación, sin divisiones parciales ni beneficios especiales para empleados o cooperativas.
La ejecución del proceso será coordinada por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que tendrá un plazo de hasta ocho meses para completarlo. La valuación oficial de la empresa será solicitada a una entidad bancaria del sector público, luego de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación informara que no podrá realizar esa tarea en tiempo y forma.
Desde el Gobierno aseguraron que la Subsecretaría de Transporte Aéreo supervisará la transición hacia el nuevo operador con el objetivo de no afectar la continuidad ni la calidad del servicio de rampas. La conectividad aérea, tanto nacional como internacional, deberá mantenerse sin interrupciones, según se establece en el Decreto 198/2025.
El procedimiento de licitación se llevará a cabo de forma digital, a través de la plataforma CONTRAT.AR, como se especifica en el Decreto 416/2025. Todos los organismos involucrados deberán garantizar la transparencia y el orden del proceso.
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