El Gobierno avanza reestructuraciones en organismos del Ministerio de Economía

El Gobierno formalizó la reestructuración de los organismos dependientes del Ministerio de Economía mediante el decreto 585/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida contempla actualización de nomencladores, reasignación de cargos y funciones, así como fusión, absorción o disolución de varios organismos de Transporte; Obras Públicas; Agricultura, Ganadería y Pesca; e Industria y Comercio.

Según el decreto, no se adoptarán medidas respecto a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ni al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) debido a medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal. En el caso de Vialidad, tampoco se transferirán funciones a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, creada en reemplazo de la CNRT.

Entre los organismos que serán disueltos se encuentran:

• Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial
• Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
• Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci)
• Instituto Nacional de Semillas (Inase)
• Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame)
• Comisión Nacional de Alimentos

Sus funciones pasarán a otros entes o secretarías del Ministerio de Economía. Además, se oficializan cambios organizativos en organismos como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y la Casa de Moneda, que pasarán de ser descentralizados a desconcentrados.

En paralelo, la CNRT se transforma en Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y la Junta de Seguridad en el Transporte pasa a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. También se oficializa la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.

El Gobierno asegura que estas medidas no implican aumento en la cantidad de unidades de la Administración Pública y forman parte de la política de “motosierra”, destinada a reducir áreas del Estado y reorganizar recursos humanos y funciones estratégicas.