El Gobierno formalizaría a 6 millones de trabajadores

En el lanzamiento estuvo el ministro de Desarrollo, y el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, Pablo Chena, sintetizó que el primer objetivo del registro apunta a “visibilizar” a este universo de la población económicamente activa, que equipara en número a los 6 millones de trabajadores del sector privado formal y duplica al total de 3 millones de empleados del ámbito público.
El segundo objetivo de ese “mapa” que empezará a confeccionarse la próxima semana -primero con una modalidad virtual por la pandemia y luego con operativos presenciales en los territorios- apunta a resignificar la mirada sobre esos trabajadores informales.
“Siempre fue vista como la economía de la necesidad, pero nuestra idea es que cambie esa concepción y que sea la economía de la producción; queremos que la política social pase de la asistencia de los sectores vulnerables a un desarrollo del trabajo que realizan, dignificarlo, ordenarlo y que potencie sus propios emprendimientos”, describió el funcionario.
Mujeres y hombres que se sostienen -o se sostenían antes del coronavirus- con la venta ambulante, la agricultura familiar, el arte callejero o tareas de cuida coches, limpia vidrios, pintores, serenos, electricistas, paseadores de perros, lustra botas, fleteros, cuidadoras en jardines maternales barriales, cartoneros, gasistas, recicladores, ayudantes de albañilería y tapiceros, entre otros, podrán inscribirse en el registro. Se trata de quienes crearon su propio trabajo a partir de sus saberes y oficios en unidades productivas individuales o colectivas, caracterizadas por su relación asimétrica en el ámbito financiero, comercial o fiscal.
“Son quienes hacen trabajos esenciales que hoy no son productivos y conforman el 50% de los trabajadores económicamente activos”, graficó, para quien el después de la pandemia reafirmará la idea de avanzar hacia “una forma de producir pos industrial, más cercana a las necesidades de la sociedad y menos enfocada en el consumo masivo”. Ese universo no es “productivo” porque “no accede a créditos, ni a estructuras del mercado donde vender, ni siquiera a derechos laborales y son víctimas de la usura”, advirtió.
Otra premisa será dotar a esos trabajadores de “instrumentos financieros acordes” a la economía popular, créditos no bancarios estatales “en condiciones razonables” para su evolución, derechos a una obra social y a una jubilación encuadrada en un tipo de monotributo productivo, que el gobierno tiene en estudio para desarrollar.
Esta propuesta empezará a materializarse a través del sitio www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep y forma parte del plan de salida de la crisis pos pandemia, analizada entre el presidente Alberto Fernández, el ministro Daniel Arroyo y los movimientos sociales.
El registro está organizado en ocho ramas, para diferenciar los segmentos de la economía popular: 1) Comercio popular y trabajos en espacios públicos; 2) Recuperación, reciclado y servicios ambientales; 3) Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental; 4) Industria manufacturera; 5) Servicios socio-comunitarios; 6) Agricultura familiar y campesina; 7) Transporte y almacenamiento; 8) Servicios personales y otros oficios.
Están habilitados a registrarse quienes tengan 18 años o más y no posean a su nombre más de dos inmuebles, ni tampoco cuenten con un trabajo en relación de dependencia que supere el salario mínimo vital y móvil.