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Dentro del proyecto de Ley Ómnibus, el Gobierno incluyó la derogación de la Ley de Zonas Frías, la cual otorga descuentos del 30% al 50% a más de 4 millones de usuarios del gas residencial por redes que residen en zonas climáticamente desfavorecidas.

En la nueva versión enviada por el oficialismo a los diputados dialoguistas de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos,” se incorporó una modificación al apartado que permite al Poder Ejecutivo modificar, transformar y/o eliminar fondos fiduciarios del sector energético, incluidos los destinados a subsidios.

El artículo 292 del proyecto contempla la derogación de beneficios “reconocidos por el art. 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637 en el marco del régimen de subsidios a establecer de acuerdo a lo dispuesto en el art. 177 del Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023. Dicha reasignación comprenderá los beneficios previstos en el art. 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637. Una vez implementado el esquema de subsidios conforme el art. 177 del Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023, el art. 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637 quedarán derogados”.

De esta manera, la Secretaría de Energía deberá tener listo en abril un nuevo esquema de subsidios a la energía, según lo establecido en el DNU 70/2023, que contempla la creación de una “canasta básica energética” para definir una nueva segmentación de subsidios considerando el nivel de ingresos.

El subsidio destinado a bonificar el consumo de gas en regiones de bajas temperaturas en la Patagonia, creado en los años 90, se amplió a varias localidades del centro del país hace dos años. Los fondos provienen del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, financiado mediante un recargo a los demás hogares.

De acuerdo al economista Julián Rojo, en Argentina hay 15 millones de usuarios, de los cuales 9 millones tienen acceso a la red y 6 millones utilizan garrafas. De este grupo, 4.1 millones estaban cubiertos por la Ley de Zonas Frías.

En tanto, durante su presentación en comisiones de la Cámara de Diputados, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, explicó el funcionamiento del nuevo esquema que está preparando su dependencia.

El funcionario comentó que “la canasta básica energética se va a conectar con los ingresos totales del grupo conviviente, no debería representar un x por ciento de ese conjunto que vive bajo un mismo techo. Si supera ese umbral, el Estado subsidiará a la gente que está en situaciones de vulnerabilidad”.

Aclaró, asimismo, que “habrá varias canastas diferentes, por zona, y en la Patagonia incluirá el subsidio de zona fría. Hay una reconfiguración de los subsidios, pero éste no se elimina”.

Previo a implementar estos cambios, el Gobierno deberá convocar a una audiencia pública específica sobre este tema. Chirillo también adelantó que las actualizaciones mensuales de tarifas podrían basarse en el índice de variación salarial en lugar de la inflación mayorista, como solicitaban las empresas.

La Secretaría de Energía anunció que actualizará el precio del gas en las tarifas de energía, aumentándolo de USD 0.7 a USD 4 en incrementos “escalonados” en febrero, marzo y abril. Al final del proceso, los usuarios pagarán el costo total del fluido, que representa aproximadamente el 40% de la factura final.

Por otra parte, las empresas de transporte y distribución solicitaron ajustes que van desde el 500% al 700%, y pidieron una indexación basada en el índice de precios mayoristas del Indec. Si se aprueba este cambio, las facturas finales de gas podrían acumular un aumento de hasta el 700% en los próximos tres meses. Sin embargo, la magnitud de estas subidas aún está bajo consideración, ya que la audiencia pública no es vinculante.

 

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