El Gobierno nacional dio de baja 71 alquileres de oficinas públicas en todo el país

El Gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), anunció una significativa reducción en los contratos de alquiler de oficinas públicas, logrando un ahorro mensual de $191.518.251 y un ahorro anual de $2.298.218.220. Esta medida, implementada bajo la dirección de Guillermo Francos, forma parte de una política de optimización y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

La AABE, que depende de la Jefatura de Gabinete, llevó a cabo un exhaustivo relevamiento y la implementación de nuevos controles en el procedimiento de alquileres. Como resultado, se racionalizó el uso de las oficinas existentes, garantizando una mejor utilización de los espacios disponibles y optimizando los recursos del Estado.

Se dieron de baja 71 contratos de alquiler en todo el territorio nacional, incluidos 23 en la provincia de Buenos Aires y 7 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Otras provincias afectadas incluyen Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

En las oficinas que fueron desocupadas funcionaban más de 3.500 puestos de trabajo pertenecientes a diversas entidades como la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), INADI, ENARGAS, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), Migraciones, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Policía Federal Argentina, y ENACOM, entre otras.

La mayoría de los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional, asegurando así la continuidad de sus labores y la eficiencia operativa de las distintas áreas.

Según los lineamientos del director Nicolás Pakgojz, se planea continuar con esta política de optimización, previendo la baja de 106 contratos de alquiler adicionales en el futuro cercano. Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno con la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos del Estado.