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El gobierno nacional oficializó este jueves la prohibición del traslado de presos que hayan realizado un cambio de su identidad de género.
Según consignó el diario Crónica, el Decreto 61/2025 publicado en el Boletín Oficial, la administración penitenciaria deberá asignar el lugar de detención según el sexo registrado al momento del delito, de acuerdo con la Ley de Identidad de Género N° 26.743.
Además, se remarcó que “no podrá disponerse el alojamiento en un establecimiento penitenciario destinado a mujeres, de una persona que haya tramitado la rectificación registral de su sexo” en los casos donde “la privación de la libertad sea dispuesta por la comisión de un delito previsto en los Títulos I, III o V del Libro Segundo del Código Penal o por cualquier otro delito cuando hubiere sido cometido con violencia hacia una mujer”.
Asimismo, se informó que tampoco será posible el alojamiento en una penitenciaría de mujeres cuando “la evaluación técnica realizada por la autoridad administrativa penitenciaria determine que su alojamiento en un establecimiento penitenciario, signifique un riesgo para la seguridad, la integridad física, psíquica o moral o la vida de los demás internos del establecimiento penitenciario”.
En el artículo 2 del decreto, se aclaró que la autoridad competente de cada establecimiento penitenciario “deberá denegar cualquier solicitud de reubicación o de traslado dentro de la misma jurisdicción, a la persona que con posteridad al hecho por el cual se ordenó su detención inicie el procedimiento de rectificación registral del sexo, del nombre de pila y de la imagen previsto en la Ley N° 26.743”.
En los considerandos, el Gobierno sostuvo que la medida se aplica con el fin de garantizar la seguridad de las personas detenidas dado que “resulta irrazonable que el reconocimiento de un derecho, en el marco de la ejecución de una pena privativa de la libertad, pueda ser empleado para poner en peligro la vida, la seguridad y la integridad sexual de las mujeres que cumplen sus condenas en establecimientos penitenciarios”.
El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Justicia y Seguridad, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, respectivamente.
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