El Gobierno purga “infieles” en la Procuración del Tesoro por filtraciones en la causa YPF

El Gobierno puso en marcha una purga interna en la Procuración del Tesoro tras detectar presuntas filtraciones de información vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, una de las causas más sensibles para el Estado argentino en los tribunales de Estados Unidos. Según reconocieron altas fuentes oficiales, existe la sospecha de que empleados o funcionarios habrían vendido datos estratégicos del caso, lo que disparó una reestructuración del organismo y el despido de personal.

“El procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, está haciendo una purga. Creemos que hubo filtraciones sobre YPF. La Procuración maneja temas de muchos millones de dólares”, señaló un funcionario de primera línea del gobierno de Javier Milei ante periodistas acreditados en Casa Rosada, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas.

La situación se mantuvo bajo un fuerte hermetismo. En el Gobierno remarcan que trascendió públicamente información que no debió conocerse e incluso no descartan que haya existido “venta de información” al fondo buitre Burford Capital desde dentro de la Procuración del Tesoro. La posibilidad de una entrega directa de datos sensibles al demandante extranjero eleva el nivel de preocupación en la Casa Rosada.

Los primeros indicios generaron alarma dentro de la Procuración. Se revelaron detalles confidenciales de la causa sin autorización de los altos mandos. La conducción del organismo consideró que ese tipo de maniobras podía perjudicar el desenvolvimiento legal en tribunales extranjeros. En este contexto, el Gobierno inició una purga para desplazar a quienes considera “infieles” dentro de su propia estructura jurídica.

Santiago Castro Videla fue designado por recomendación del círculo de confianza de Santiago Caputo y quedó al frente de la Procuración con acceso a todas las estrategias de defensa del Estado. La venta de información no fue confirmada públicamente, pero funcionarios admitieron que se manejó esa hipótesis con preocupación.

Si bien Castro Videla ocupa el cargo de Procurador del Tesoro desde febrero, tras reemplazar a Rodolfo Barra, no interviene directamente en la causa YPF. Debió apartarse del expediente por haber sido socio del constitucionalista Alberto Bianchi, uno de los testigos que presentó Burford Capital en el juicio.

La reestructuración incluye la disolución de áreas internas y la modificación de procedimientos operativos. Según trascendió, el Ejecutivo prepara un comunicado oficial para detallar los cambios, aunque la prioridad sigue siendo contener el impacto político y jurídico del escándalo.

El episodio se conoció un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara que intervendrá nuevamente como amicus curiae en apoyo al reclamo argentino ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. En un escrito de diez páginas, firmado por el fiscal adjunto David E. Farber, el gobierno de EEUU advirtió que obligar a la Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF violaría las leyes de inmunidad soberana y solicitó a la Corte rechazar la medida.

El objetivo del Gobierno argentino es consolidar una red de respaldo internacional. La estrategia impulsada desde la Cancillería y la Procuración del Tesoro busca sumar apoyos de países aliados para reforzar la posición ante la justicia estadounidense. Entre los posibles adherentes mencionados, aunque sin confirmación oficial, figuran Uruguay, Paraguay y El Salvador, así como Italia, Francia y Alemania.

En paralelo, el Gobierno destacó que la defensa argentina quedó en manos del abogado Robert Giuffra Jr., titular del estudio Sullivan & Cromwell, quien también representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “El abogado de la Argentina es el abogado de Trump, así que estamos bien encaminados”, deslizó una fuente oficial. Giuffra percibe honorarios de hasta USD 1.800 la hora.

Además, la Casa Rosada ordenó profundizar los controles internos. La prioridad es evitar nuevas filtraciones que comprometan otras causas millonarias. La presencia de “infieles” dentro de la estructura jurídica del Estado encendió todas las alarmas del oficialismo.

La Procuración del Tesoro es el máximo órgano de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo Nacional. Su tarea central es representar al Estado en juicios estratégicos y garantizar la legalidad de los actos administrativos de los funcionarios de mayor jerarquía.