El oficialismo “cedería” y propondría limitar al 25% la venta de tierras rurales a extranjeros

El Gobierno Nacional le haría algunos cambios al proyecto que modifica la Ley de Tierras que se debate el jueves en el Senado, con el objetivo de conseguir la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Existe, hasta el momento, unos 16 textos alternativos, pero hasta este lunes el oficialismo mantenía la liberación total y sin límites para la venta de tierras rurales a manos extranjeras, eliminando el tope del 15% del territorio nacional impuesto en la normativa vigente.

Según Noticias Argentinas, en las últimas horas, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patria Bullrich, recibió la venia oficial para ofrecer a los gobernadores y legisladores aliados una propuesta más laxa que la actual, con un techo de extranjerización del 25%.

Por otra parte, se acordó un sistema de doble conforme para la autorización de ventas de tierras a manos extranjeras, requiriéndose la habilitación tanto de la provincia donde se encuentra el inmueble como del Estado nacional.

De esta manera, según reflejan los últimos borradores que empezaron a circular por los despachos, el Gobierno deja atrás la idea de eliminar todo límite a la extranjerización de tierras.

Las reformas al proyecto

Los cambios al proyecto (ya evaluados por el Ejecutivo) serán anunciados este martes en conferencia de prensa por la propia jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Será en el Salón de las Provincias, a las 16, y estará acompañada por los presidentes de las comisiones que trataron la iniciativa: Agustín Coto (Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (Legislación General).

De acuerdo al nuevo borrador, al que tuvo acceso el medio parlamentario.com, se establecería “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”. Y agrega que “el Poder Ejecutivo Nacional no podrá delegar esta potestad de autorización en un funcionario con rango menor a Secretario de Estado“.

Otro de los incisos sobre lo que sería el nuevo artículo 3 de la Ley de Tierras es el que dispone “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia”.

A su vez, se indica que toda adquisición “deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente“, mientras que en el caso de las empresas con participación estatal extranjera deberá adjuntarse la autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y la del Poder Ejecutivo Nacional.

“Las disposiciones de la presente ley deberán interpretarse y aplicarse de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con la Ley General del Ambiente N° 25.675“, se incorpora, en referencia a la legislación ambiental, dado la enorme polémica por el uso de los recursos naturales estratégicos.

Por otro lado, en cuanto a las tierras ubicadas en zonas de frontera, la venta deberá también contar con autorización de la provincia y la Nación y se añade que el Ejecutivo Nacional “comprenderá en las materias no delegadas, sobre seguridad nacional, objetivos estratégicos y defensa nacional“.

El pasado 16 de julio, el oficialismo propuso pasar a un cuarto intermedio en la sesión para tratar el proyecto este jueves 6 de agosto, dado que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había puesto reparos a las incorporaciones definidas en torno a la potestad de las provincias.

Sin embargo, para poder avanzar en acuerdos con algunas provincias y senadores, se habría avalado avanzar en algunos retoques al proyecto de ley, ya que sin los mismos, no era posible avanzar en una sanción.