El Senado aprobó el ascenso de militares marginados por “portación de apellido”

En una votación ajustada y cargada de simbolismo político, la Cámara Alta convalidó la promoción de 21 oficiales que habían sido pasados a retiro hace más de una década por tener lazos familiares con militares de la última dictadura. La medida, impulsada por el ministro de Defensa Luis Petri, busca reparar lo que diversos sectores califican como una “discriminación arbitraria”.

El Senado de la Nación aprobó, por una diferencia mínima de dos votos, el ascenso de quince tenientes coroneles del Ejército y seis capitanes de fragata de la Armada, a quienes en 2010 se les había negado la promoción al grado inmediato superior bajo el argumento no escrito de la “portación de apellido”. La decisión, tomada entonces por la gestión de la exministra de Defensa Nilda Garré, se fundaba en los vínculos de sangre de estos oficiales con militares que habían revistado durante el gobierno de facto de 1976-1983.

El nuevo acuerdo, aprobado en la última sesión del Senado con 36 votos afirmativos y 34 negativos —con la negativa cerrada del bloque kirchnerista—, implica el reconocimiento retroactivo de los ascensos desde 2018, aunque los oficiales beneficiados continuarán en situación de retiro. Entre ellos figuran nombres como Guillermo Alejandro Saa, Jorge Luis Toccalino, Ricardo Horacio Muñoz, Ramón Eduardo Centeno de la Vega y Francisco Javier Canevaro, quienes recibirán el grado de coronel, así como Eduardo Enrique Pizzagalli, James Ronald Whamond y Jorge Emilio Sciurano, este último veterano de Malvinas, quienes alcanzarán la jerarquía de capitán de navío.

La resolución se inscribe en el marco de una sesión maratónica en la que también se votaron temas de fuerte impacto político: la oposición logró voltear cinco decretos del presidente Javier Milei, además de aprobar un proyecto de financiamiento universitario y la declaración de la emergencia en salud pediátrica. En ese contexto, la decisión sobre los ascensos militares cobró un relieve especial, al reabrir viejas heridas y debates en torno al rol de las Fuerzas Armadas en democracia y la forma en que el kirchnerismo gestionó los vínculos con ellas.

El presidente del Foro Argentino de Defensa, Santiago Lucero Torres, celebró el fallo parlamentario al considerarlo “una reparación tardía y parcial tras años de atropellos y persecución”. En un comunicado difundido tras la votación, señaló: “Estos oficiales fueron injustamente postergados, no por su desempeño profesional, sino por sus vínculos familiares. Se cercenaron carreras y aspiraciones legítimas en un hecho de persecución sin precedentes en democracia”.