El domingo 12 de septiembre y el 14 de noviembre, los electores deberán movilizarse para votar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y en las legislativas.

Para facilitar el traslado, el ministerio de Transporte habilitó el uso gratuito para el transporte público automotor y ferroviario urbano y suburbano de pasajeros de jurisdicción nacional durante el día de las elecciones.

“Resulta sumamente importante que todos los argentinos y argentinas cuenten con los medios necesarios para acceder a ejercer uno de los máximos derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas que es justamente el derecho a votar. Con la medida de hoy buscamos brindar todas las comodidades posibles para llegar a los lugares de la elección”, señaló el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, tras publicarse la decisión en el Boletín Oficial.

La medida invita a las provincias y municipios con sistemas de transporte local a que se adhieran a la iniciativa. De hecho, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad, Córdoba, Jujuy y Mendoza, entre otras, ya anunciaron la gratuidad de ese servicio durante el día de los comicios.

La norma específica que en esas jornadas electorales la frecuencia del transporte público funcionará como los días sábados, como mínimo.

Compensación a quienes adhieran

Además, la medida establece una compensación por los servicios de transporte público en esas jornadas electorales a las jurisdicciones que adhieran a la disposición, “en el marco del Programa 68 de Formulación y Ejecución de Políticas de Movilidad Integral de Transporte del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021”.

En ese punto, la disposición aclara las compensaciones se distribuirán de la siguiente manera, por cada día de elección: hasta un máximo de $ 135.000.000 entre las empresas prestadoras de los servicios en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sobre la base de datos estadísticos disponibles a partir del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

Y establece asimismo hasta un máximo de $ 265.000.000 entre las empresas prestadoras de los servicios que no pertenezcan al AMBA, sobre la base de datos estadísticos disponibles a partir del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) para aquellas empresas que hubieren implementado dicho sistema.

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