Emergencia en Discapacidad: el Gobierno promulgó la ley pero su ejecución queda frenada hasta que el Congreso asigne fondos

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero aclaró que su puesta en marcha queda suspendida hasta que el Congreso incluya los recursos necesarios en el Presupuesto 2026. La medida se oficializó mediante el Decreto 681/2025, que invoca normas que obligan a precisar fuentes de financiamiento antes de ejecutar cualquier gasto público.

La ley declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y establece la creación de una Pensión No Contributiva por Discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo, con actualización previsional y compatibilidad laboral de hasta dos salarios mínimos. También garantiza cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud, fija compensaciones de emergencia para prestadores, y amplía beneficios para empleadores que contraten personas con discapacidad.

Sin embargo, todas estas medidas no podrán aplicarse hasta que el Congreso defina los fondos. Según datos oficiales, la ejecución de la norma requeriría para 2025 un total de $3 billones de pesos (0,35% del PBI), mientras que los créditos disponibles alcanzan apenas $2,3 billones, insuficientes para cubrir la totalidad de los gastos previstos.

La promulgación de la ley se produjo luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial: la Cámara de Diputados insistió el 20 de agosto y el Senado el 4 de septiembre, logrando la mayoría de dos tercios.

Por el momento, las nuevas pensiones, compensaciones a prestadores y ampliaciones de cobertura en salud seguirán pendientes de financiamiento, a la espera de que el Parlamento incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto.