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Tras la apelación presentada por la Argentina para frenar la decisión de la La jueza federal de Nueva York Loretta Preska, la magistrada convocó este jueves a la República Argentina y a los beneficiarios del fallo YPF a una reunión urgente en su corte, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

La jueza ordenó realizar una audiencia de descubrimiento. La misma se hará este jueves 15 a las 10 de la mañana (hora local), en la sala 12A del tribunal federal del distrito sur de Nueva York. La convocatoria responde a un pedido de los demandantes en el caso YPF, que buscan obtener información sobre entidades estatales como Aerolíneas ArgentinasARSATENARSA y el Banco Central, con el objetivo de avanzar en embargos.

Preska busca destrabar la disputa por la entrega de información relacionada con el argumento de los demandantes, de que el Estado argentino e YPF “son lo mismo”, lo que se conoce como “alter ego”.

Los fondos que lograron un dictamen favorable en el juicio por la expropiación de YPF sostienen entonces que la República Argentina debe afrontar el pago de los USD 16.100 millones dispuestos en el polémico fallo de Preska.

La jueza Loreta Preska ordenó la entrega del 51% de acciones de YPF, y podría hacer lo propio como Aerolíneas Argentinas e incluso el Banco Central.

Apelación

Este jueves, el Gobierno nacional dio un paso clave al presentar formalmente un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, buscando revertir o suspender esta orden y así evitar la entrega inmediata de las acciones.

El plazo impuesto por la jueza Preska para que Argentina realice el depósito en custodia vence el lunes 14 de julio. Este depósito consiste en la entrega de las acciones de YPF para que sean usadas para pagar la sentencia a favor de los fondos Burford y Eton Park, quienes adquirieron los derechos para litigar que tenía el grupo Petersen, antiguo accionista de YPF. La apelación busca detener esta ejecución para ganar tiempo y explorar otras opciones legales.

Por otro lado, el Gobierno también presentó un recurso similar para otro fallo que lo obliga a entregar acciones para saldar una deuda de 95 millones de dólares con el fondo Bainbridge. Esta deuda se remonta a un default de 2001 y representa otro frente judicial importante para el país.

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