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En medio de la tensión por el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno de Javier Milei intensifica el control sobre las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral (PNCDL). Según la Casa Rosada, una porción significativa de estos beneficios se otorgó de forma irregular en gestiones anteriores, lo que derivó en una ola de recortes.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó una licitación para contratar hasta 720.000 servicios postales, en su mayoría cartas documento, destinadas a notificar suspensiones en todo el país. Las entregas deberán realizarse en un máximo de 48 horas hábiles y, si no se logra la entrega, habrá un segundo intento al día siguiente.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que ya se dieron de baja 110.522 pensiones, más otras 8.107 correspondientes a beneficiarios fallecidos y 10.038 renuncias voluntarias. Según estimaciones oficiales, las pensiones irregulares generaban un gasto de 1.000 millones de dólares anuales. Según el Gobierno, el ahorro proyectado es de 35.000 millones de pesos mensuales.

Actualmente, cada pensión equivale al 70% de una jubilación mínima. En febrero, el Gobierno inició un proceso de verificación documental y el 60% de los beneficiarios no presentó los papeles exigidos. La administración destaca que el número de pensiones creció de 80.000 en 1999 a 1.060.000 en 2015, un aumento del 1.225%.

Mientras tanto, en el Congreso se debate la Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca actualizar aranceles, regularizar pagos y modificar el sistema de pensiones hasta 2027.

EN ESTA NOTA Javier Milei

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