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En una decisión que suma presión al ya complejo litigio por la estatización de YPF, la jueza Loretta Preska del tribunal del distrito sur de Nueva York ordenó al Estado argentino entregar mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, tanto oficiales como personales, del actual ministro de Economía, Luis Caputo, y de su antecesor, Sergio Massa.

La medida se conoció mientras el gobierno nacional continúa su batalla legal para suspender el fallo que obliga al país a pagar USD 16.100 millones a los fondos demandantes, encabezados por Burford Capital, por la forma en que se concretó la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Además de los mensajes entre Caputo y Massa, el pedido judicial alcanza información del Banco Central y otras dependencias estatales. Según los abogados de los demandantes, el objetivo es identificar activos o movimientos que puedan facilitar el cumplimiento de la sentencia.

Desde la Procuración del Tesoro calificaron la decisión como “violatoria de las leyes de Argentina y de Estados Unidos” y advirtieron que se trata de una intromisión inaceptable en asuntos soberanos. En un duro comunicado, aseguraron que la medida no ayudará a identificar activos ejecutables y que Argentina ya presentó más de 100.000 páginas de documentación, incluyendo datos financieros locales y en el exterior.

“El caso Petersen está en apelación. Sin embargo, la República ha cooperado extensamente. Lo que hacen ahora es abusar del proceso de discovery para obstaculizar los esfuerzos argentinos de recuperación económica”, argumentaron desde el equipo legal del Estado.

El contexto de esta disputa sigue tensándose, en medio de las tratativas del gobierno de Javier Milei para atraer inversiones y mantener a raya la presión del mercado financiero. Aunque los fondos litigantes aseguran que no buscan quedarse con el 51% de YPF, sí exigen garantías concretas de pago, lo que podría impactar sobre activos estratégicos del país.

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