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En la tarde de este martes, los distintos representantes de las entidades rurales de la Patagonia, acompañados por el presidente de CRA, Carlos Castagnani, mantuvieron una reunión con el titular de la Secretaría de Agricultura, Sergio Iraeta, con el objetivo de expresar su rechazo a la Resolución 460 de SENASA, que flexibilizó la llamada barrera sanitaria del Río Colorado.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y las entidades presentes manifestaron una “profunda preocupación” porque, pese a las severas críticas planteadas por los representantes patagónicos, se decidió mantener vigente dicha resolución, “priorizando un criterio económico por sobre cuestiones sanitarias y productivas, con el consecuente riesgo para la sanidad animal, la producción y la apertura de mercados internacionales”, expresaron.
Como resultado inmediato, informaron que el Gobierno de Chile, que suspendió la compra de carne de la Patagonia por esta medida, deberá realizar una auditoría y, en el mientras tanto, mantendrá cerradas sus importaciones provenientes de la región, “generando mayor incertidumbre y comprometiendo el trabajo y la competitividad de toda la cadena agropecuaria”, afirmaron los ruralistas tras la reunión.


Los productores patagónicos remarcaron además la necesidad de que, al menos, se cumpla estrictamente con lo dispuesto en la normativa vigente respecto al empaquetado y maduración de la carne, y que se aclare la situación específica del cerdo y otras especies.
“No consideramos suficientemente válidos los argumentos expuestos por las autoridades para sostener esta decisión, que perjudica y pone en riesgo la sanidad de la región y su reconocimiento internacional”, remarcaron.
Por parte de CRA participaron el presidente Carlos Castagnani, junto a Juan Goya, Daniel Lavayen, Enrique Jamieson (Sociedad Rural de Río Gallegos), Nora Lavayen, Lucila Apolinaire (Tierra del Fuego), Marina Facht y Maximiliano Knull, además de Juan Uccelli, representante de la CAFROPAT.
A la espera de un fallo
A partir de ahora, los productores patagónicos quedaron en manos de la justicia. La Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz busca la nulidad de la Resolución 460/2025 por parte del organismo sanitario y el freno de su aplicación por parte de la Justicia Federal mediante la presentación de un Amparo.
Sobre este tema, argumentan los efectos “graves e irreparables” que la flexibilización acarrea, además de ser una medida “inconstitucional” y “violar el derecho a la propiedad“. El sector reclama su “inmediata derogación” por considerar -además- que contiene falsedades en sus fundamentos y causa un grave perjuicio económico a los productores santacruceños“, manifestaron en los argumentos.
Lo propio hicieron los productores de Tierra del Fuego. Es que la principal preocupación se centra en la pérdida del estatus sanitario que la Patagonia ha mantenido durante años, un reconocimiento que diferencia a la región en los mercados internacionales por su producción orgánica, libre de vacunas y con controles sanitarios estrictos.
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