La batalla bonaerense

A pocos días del plazo final para que cierren las alianzas para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, esta disputa ha adquirido un lugar fundamental tanto para el futuro del oficialismo como de la oposición. Discusión que se da en medio de los temores por la marcha de la economía y de una suerte de “rebelión” de los gobernadores que pone en peligro los planes del gobierno de Javier Milei.

El Gobierno entiende que para dar un mensaje tranquilizador a los inversores y encarar con buenas perspectivas los segundos dos años de su mandato necesita de un triunfo en la provincia de Buenos Aires. No basta con tener a Cristina Kirchner detenida en su casa e imposibilitada de competir, deben derrotar al peronismo en las urnas y en su principal territorio.

Para eso Milei dio la orden de cerrar un acuerdo con el PRO. Eso sí, un acuerdo de color violeta. Y así parece ser, las últimas reuniones indican que los dos partidos de derecha se presentarán unidos con el sello de Frente La Libertad Avanza. Parece ser que la palabra “frente” fue lo más que pudo conseguir el PRO, además, claro, de algunos lugares secundarios en las listas de legisladores.

Así, a diferencia de los que ocurre con los radicales que están tratando de conformar otro frente electoral, el gobierno se asegura que el PRO no vaya por afuera y casi le asegure un triunfo al peronismo bonaerense.

Milei y su triángulo de hierro se juegan mucho el 7 de septiembre de cara a las elecciones nacionales de octubre. Sienten que es necesario ratificar el golpe electoral que fue el último triunfo de Manuel Adorni en las elecciones porteñas.

Después de octubre el Gobierno necesita tener un Congreso con muchos más diputados propios para darle el mensaje a los mercados de que se van a aprobar más reformas estructurales, como las laborales, previsionales e impositivas.

En la otra vereda, hubo un principio de acuerdo en el Partido Justicialista bonaerense. En el congreso realizado en Merlo se facultó a una comisión integrada por todos los sectores para buscar aliados y dar forma al frente electoral que participará de las elecciones del 7 de septiembre.

La comisión estará conformada por el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, la vicegobernadora Verónica Magario, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Ellos le darán forma a un Frente Peronista.

Es que el peronismo pone también mucho en juego. Con Cristina fuera de las listas y toda la simbología de su detención, el PJ orgánico tendió puentes con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que lidera el gobernador Axel Kicillof y acompañan más de 40 intendentes peronistas de la provincia.

A este acuerdo se sumarán el Frente Renovador de Sergio Massa y Patria Grande de Juan Grabois. Entienden que sin el mensaje de un triunfo peronista en septiembre, las elecciones de octubre se verán muy amenazadas para la oposición.

Por eso es que casi nadie ve un escenario de ruptura, pero el armado de las listas no será fácil.

El rechazo a la prisión e inhabilitación de por vida de Cristina fue unánime en el congreso y fue el punto de largada. El peronismo bonaerense unido trabajará en la campaña de Argentina con Cristina y exigirá la libertad de la ex presidenta.

Se podría decir que la unidad peronista en la provincia está encaminada. “Cada vez que el peronismo fue perseguido, nos hicimos más fuertes”, se escuchó mucho en el congreso de Merlo. Que eso alcance para derrotar al oficialismo unido al PRO no es seguro. Pero divididos la derrota sí lo es.

Esta tensión electoral que viven tanto el oficialismo como la oposición se da en un momento en que está apareciendo una suerte de rebelión de los gobernadores que impacta de manera directa en la marcha de la economía.

Todos los gobernadores se reunieron la semana pasada en el CFI. Las quejas son comunes: las economías provinciales no cierran, acusan al gobierno de no cumplir con lo pactado, no se distribuyen como corresponde los Aportes del Tesoro (ATN), y la falta de obra pública. Los gobernadores están presionados en sus provincias.

Y así el gobierno entra en una zona de riesgo por el avance de un temario incómodo en el Congreso, capaz de producirle a Milei una gran derrota parlamentaria en plena campaña electoral. Esta rebelión de los gobernadores tiene hoy un efecto concreto: el avance en el Senado del proyecto de mejora de haberes para los jubilados y mantener la moratoria. Si esto finalmente se aprueba, está en riesgo hasta el éxito del veto presidencial.

“Va a ser terrible para el programa fiscal”, dicen en el gobierno.

Pero el agobio de las cuentas fiscales y la parálisis de la obra pública, que se reproduce en todos los programas nacionales en las provincias, afecta con dureza a los gobernadores, ya estén alejados o cercanos al gobierno.

Una luz roja en plena campaña electoral.