Ley de financiamiento universitario: “Estamos a la espera de la definición”

Mientras los decanos de la UBA le pidieron al Gobierno Nacional que no vete la ley de financiamiento universitario, los trabajadores docentes y no docentes y los estudiantes de todos los claustros del país analizan medidas en caso que el presidente Javier Milei vete la norma sancionada la semana pasada por el Congreso de la Nación.

Este martes, Karina Dodman, secretaria general de ADIUNPA, se refirió a la lucha universitaria por recomposición salarial y la defensa del presupuesto. Al respecto, recordó que desde la Conadu Histórica del 1 y 2 de septiembre culminaron los últimos dos días de 48 horas de medidas de fuerza.

También que el día 29 de agosto se reunió el plenario del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), donde se acordó como acción conjunta, entre la comunidad universitaria, es decir, la representación estudiantil, las autoridades de las universidades (rectores y rectoras), y las federaciones docentes y no Docentes, la realización de una medida de fuerza y marcha si Milei define un veto.

“Esas son las acciones que se vendrían en lo inmediato; estamos en el contador de que el gobierno cumpla o no con el veto de la ley tal cual lo ha anunciado”, sostuvo Dodman al tiempo que manifestó la importancia de una ley de financiamiento universitario que “nos haga sortear esta situación en la que nos encontramos, no solo presupuestaria, sino también salarial”.

“Estamos a la espera de esa definición; no tenemos hoy un indicador de que vaya a ser distinto”, sostuvo respecto de lo ocurrido el año pasado. Sin embargo, afirmó que en caso que se dé el veto, esperan que siga el mismo camino de la ley de emergencia en discapacidad que, finalmente, fue blindada por los legisladores.

“Estamos en esos en esos días, la definición que tome el Gobierno Nacional, hará que finalmente actuemos, en relación a la estrategia de la comunidad universitaria”, sostuvo entre otras cosas.

Cabe destacar que la iniciativa propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, para este año, busca implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

También establece una recomposición salarial para docentes y no docente desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC. Cabe recordar que en octubre de 2024, el presidente de la Nación, Javier Milei, vetó una ley de financiamiento universitario similar. La decisión fue luego ratificada por la Cámara de Diputados. Este año, la ley fue sancionada por ambas cámaras pero se cree que podría tener la misma suerte que la Emergencia en Discapacidad donde los legisladores insistieron, luego que Milei la vetó.